El gobernador Alberto Weretilneck ratificó el esquema de compensación de coparticipación para 14 municipios de Río Negro. Confirmó además que el lunes se firmarán los convenios, que después irán a la Legislatura. Entre los beneficiarios figura General Roca. Sin embargo, el gobierno de María Emilia Soria mantiene reparos de fondo y todavía evalúa si se suma.
De la reforma frustrada a una compensación parcial
En febrero, Weretilneck había propuesto actualizar la ley de coparticipación municipal. La idea mantenía la estructura vigente, con un 20% repartido en partes iguales, un 40% según población y un 40% según recaudación de impuestos provinciales. Pero incorporaba datos actualizados del Censo 2022 y del promedio de recaudación entre 2022 y 2024.
Esa reforma general no prosperó, por resistencias de varios sectores. Como respuesta, el Ejecutivo provincial diseñó un mecanismo distinto: una compensación exclusiva para los municipios que más crecieron en población y que, con los nuevos índices, habrían mejorado su participación. La lista incluye a Fernández Oro, Dina Huapi, El Bolsón, Cipolletti, Cervantes, Los Menucos, Bariloche, Catriel, Roca, Comallo, Ramos Mexía, Darwin, Guardia Mitre e Ingeniero Huergo.
El costo estimado ronda los 1.029 millones de pesos mensuales, unos 670.000 dólares al tipo de cambio de estos días. Los fondos no podrán destinarse a salarios. Deberán usarse en servicios esenciales, infraestructura vinculada o bienes de capital, y cada municipio tendrá que informar periódicamente en qué se gastan.
La postura de Soria: reparos técnicos y propuestas alternativas
La gestión de María Emilia Soria no rechaza de plano recibir recursos adicionales. Sin embargo, cuestiona los criterios utilizados y sostiene que el esquema no cumple del todo el objetivo declarado de acompañar el crecimiento poblacional.
El secretario de Hacienda de Roca, Pablo Rolo, resumió la posición municipal con una frase escueta: «Se está analizando qué se hará». Roca insiste en que el componente poblacional debería pesar más en la fórmula, y en que el indicador económico no debería basarse únicamente en la recaudación provincial registrada en el municipio. Además, el municipio criticó que el texto del convenio llegara recién el viernes anterior, y que incluyera un mecanismo que, según su lectura, ya había sido rechazado por la mayoría en la discusión de febrero.
Desde el municipio surgieron dos propuestas concretas. La primera apunta a modificar las ponderaciones: llevar el componente poblacional al 60% y bajar tanto la recaudación como el reparto igualitario al 20% cada uno. El argumento es simple: si la compensación busca atender a las ciudades que más crecieron y que más dificultades tienen para sostener servicios, la fórmula debería reflejarlo con mayor claridad.
La segunda propuesta amplía la mirada sobre la economía local. Roca plantea no medir la realidad económica de un municipio solo por la recaudación de Ingresos Brutos. María Emilia Soria destacó, en ese sentido, el peso de la fruticultura, una actividad exenta de ese impuesto pero central para la economía de Roca y de buena parte del Alto Valle. El municipio también marcó una diferencia de montos que, a su criterio, ilustra la distorsión: Roca recibiría alrededor de 50,7 millones de pesos mensuales, mientras que Cipolletti obtendría unos 319,4 millones, pese a que ambos figuran entre los beneficiarios por crecimiento demográfico.
La respuesta provincial y el choque de lógicas
El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, defendió el esquema oficial. Respondió que lo que plantea Soria «es otra discusión»: modificar la fórmula de la ley de coparticipación, algo que la Provincia no está dispuesta a hacer por esta vía. «No estamos modificando la ley de coparticipación, ni los índices previstos en ella. Estamos compensando a los municipios que crecieron, sin quitarle un solo peso a las demás», sostuvo el funcionario.
Ríos remarcó que la solución provincial reconoce el crecimiento demográfico de manera concreta, sin generar municipios perdedores en el camino. La Provincia presenta la compensación como una medida transitoria y acotada, que retoma la lógica de la propuesta original sin reabrir el debate de una reforma estructural. Roca, en cambio, insiste en que atender de verdad el impacto del crecimiento poblacional exige ajustar las ponderaciones y ampliar los indicadores económicos.
Lectura política de cara a 2027
María Emilia Soria es la figura más visible del peronismo rionegrino y una de las posibles candidatas a gobernadora en 2027. Su posición combina una defensa técnica de los intereses de Roca con una estrategia de diferenciación respecto del oficialismo de Weretilneck, sin cerrar del todo el diálogo. Su equipo repite, de hecho, que se trata de una «posición de diálogo». A la vez, Soria busca dejar claro que quiere ser partícipe de una decisión que considera importante, y no una simple receptora de un diseño ya cerrado.
No es la primera vez que Soria marca distancia en temas de recursos. Meses atrás también había cuestionado el rediseño del reparto de regalías hidrocarburíferas, advirtiendo que Roca podía perder una porción significativa de esos ingresos, y proponiendo entonces un fondo compensador propio.
El resultado práctico todavía está abierto. Roca evalúa si firma el convenio el lunes. Una adhesión condicionada, o directamente una abstención, reforzaría el perfil de oposición propositiva que viene construyendo Soria. Una firma sin mayores objeciones, en cambio, restaría fuerza a su narrativa crítica sobre los criterios provinciales.
En cualquier caso, el episodio confirma que el reparto de recursos entre la Provincia y los municipios sigue siendo uno de los principales ejes de tensión política en Río Negro. Y que, en ese terreno, María Emilia Soria eligió ocupar un lugar de crítica técnica y de propuesta alternativa, más que de confrontación frontal con Alberto Weretilneck.
Este y otros movimientos de cara a 2027 pueden seguirse en La Política Río Negro.