El fallo no tocó el fondo del debate: si el Ejecutivo se extralimitó al regular Uber sin pasar por el Concejo. Pero Costa Brutten igual lo tomó como declaración de guerra y prometió llevar la apelación hasta las últimas consecuencias.
El fuero contencioso administrativo de Bariloche rechazó la demanda que el concejal Leandro Costa Brutten había presentado para que la Justicia declarara inconstitucional la regulación municipal de las plataformas digitales de transporte de pasajeros. El fallo dejó vigente el esquema normativo del Ejecutivo local que ordena el funcionamiento de Uber, DiDi y Cabify en la ciudad. Y encendió una nueva pelea política entre el Concejo y el intendente Walter Cortés.
La decisión judicial tiene una particularidad que complica la lectura en clave de victoria para el oficialismo: el juez no analizó si las normas son válidas o si el Municipio se excedió en sus atribuciones. Rechazó la acción por un motivo anterior y más técnico — Costa Brutten no acreditó una afectación personal, directa y concreta que lo habilitara a impulsar la demanda. En términos procesales, el edil careció de legitimación activa. La pregunta de fondo sobre la regulación de Uber en Bariloche sigue sin respuesta judicial.
La acusación de «zona liberada»
Costa Brutten se enteró del fallo por los medios, sin notificación oficial todavía, y salió a responder de inmediato. El concejal de Incluyendo Bariloche no cuestionó la lógica procesal del juez: fue directo a la carga política. «Vamos a responsabilizar al juez y al intendente por esta zona liberada que han llevado adelante», declaró, y anticipó que apelará la resolución en la instancia que corresponda.
El eje de su argumento no es jurídico sino de seguridad pública. Su planteo original cuestionaba que los choferes de plataformas no están obligados a las mismas exigencias que taxistas y remiseros: carnet profesional, control de antecedentes penales y verificación técnica del vehículo. «Se trata de un transporte de personas que tiene que hacerse en condiciones no solo de seguridad sino también de capacidad técnica», insistió. Y advirtió que, si ocurre algún hecho grave en un viaje de plataforma, señalará al Ejecutivo municipal y a la Justicia como responsables de haber habilitado esa situación.
El trasfondo del conflicto tiene historia. Uber y Cabify comenzaron a operar en Bariloche a fines de 2025, después de que el Tribunal Superior de Justicia de Río Negro rechazara el referéndum que el propio Cortés había convocado para que los vecinos decidieran sobre las plataformas. Esa derrota judicial no frenó al intendente: avanzó igual con las habilitaciones vía resoluciones del Ejecutivo, sin pasar por el Concejo Deliberante. Ese salteado del cuerpo legislativo es exactamente lo que Costa Brutten cuestionó en su demanda.
La disputa de fondo: quién fija las reglas
La pregunta que la Justicia dejó sin resolver es la que más le importa a los actores del conflicto. ¿Puede el Ejecutivo regular el funcionamiento de las plataformas por resolución propia, o esa atribución pertenece exclusivamente al Concejo Municipal a través de ordenanzas? La oposición sostiene que sí, que Cortés invadió competencias legislativas. El oficialismo responde que el Municipio reguló dentro de sus facultades de administración del espacio público y el tránsito.
El debate no es solo institucional. Detrás hay intereses económicos concretos: el sector del taxi y del remís de Bariloche viene perdiendo terreno frente a las plataformas desde que estas empezaron a operar, y cualquier marco normativo que establezca reglas asimétricas tiene consecuencias directas sobre sus ingresos. Costa Brutten señaló también que el esquema actual implica diferencias en las condiciones de competencia entre unos y otros, y que eso no puede resolverse con una resolución del Ejecutivo sino con una ordenanza discutida y votada en el cuerpo legislativo.
La apelación anunciada por el concejal abre una nueva instancia judicial. Esta vez, con el desafío de demostrar que tiene habilitación legal para plantear el caso — o de buscar un demandante con legitimación más sólida. Mientras tanto, Uber sigue operando en Bariloche, la regulación municipal sigue vigente y el debate sobre quién manda en el transporte de la ciudad más poblada de Río Negro no tiene fecha de cierre.