La regulación del transporte en la ciudad andina suma un nuevo capítulo de alto voltaje político. El intendente Walter Cortés confirmó que avanzará con el veto a la ordenanza de Uber en Bariloche , norma que había sido aprobada recientemente por el Concejo Deliberante. La decisión del Ejecutivo profundiza la grieta con el cuerpo legislativo y mantiene en vilo a cientos de conductores de plataformas digitales.
El mandatario local anticipó su rechazo a la normativa impulsada por la oposición, argumentando diferencias irreconciliables sobre cómo debe implementarse el servicio en la ciudad, específicamente en lo referido a las limitaciones de cantidad de vehículos.
La discordia por los cupos: ¿Regulación o libertad?
El punto central que motiva el veto a la ordenanza de Uber en Bariloche es la imposición de un «cupo». La norma aprobada el jueves pasado por el Concejo —con el voto negativo del bloque oficialista— establecía un límite máximo de 280 vehículos habilitados para operar con aplicaciones como Uber o Cabify.
Para Cortés, esta restricción contradice la naturaleza misma de las plataformas digitales y la libertad de mercado que su gestión intenta promover tras la derogación de las prohibiciones anteriores. El intendente sostiene que limitar el número de prestadores no responde a la demanda real de los usuarios, especialmente en temporadas turísticas altas donde el sistema de transporte tradicional suele colapsar.
Al vetar la norma, el Ejecutivo busca frenar lo que considera una regulación «atada con alambre» que, según su visión, protege los intereses corporativos en lugar de beneficiario al usuario final.
Un nuevo choque de poderes entre el Ejecutivo y el Concejo
Más allá de la cuestión técnica del transporte, este movimiento político exponen la fragilidad de la relación entre el Centro Cívico y el Concejo Deliberante. La ordenanza había sido impulsada por la concejal Roxana Ferreyra y logró los votos necesarios a pesar de la resistencia del oficialismo (PUL).
Al confirmar el veto, Cortés envía un mensaje claro de autoridad, tensando la cuerda institucional. La situación plantea interrogantes sobre la gobernabilidad y el consenso:
- El Concejo: Podría intentar insistir con la ordenanza si logra reunir una mayoría especial de dos tercios de los votos, lo cual obligaría al intendente a promulgarla.
- El Ejecutivo: Apuesta a que la oposición no logre esos números, manteniendo así el control sobre la política de transporte mediante resoluciones directas o decretos, como ya lo hizo al habilitar las apps a principios de mes.
Incertidumbre para los conductores y usuarios
En el medio de la disputa política quedan los trabajadores del volante. La confirmación del veto a la ordenanza de Uber en Bariloche genera un limbo legal.
Por un lado, existe una resolución del Ejecutivo que permite el funcionamiento de las apps y exige el pago de la Tasa de Inspección, Seguridad e Higiene (TISH). Por otro, la ordenanza del Concejo que imponía requisitos más estrictos (como el carnet profesional y el cupo) queda ahora en suspenso.
Esta falta de claridad normativa preocupa tanto a los conductores, que no saben bajo qué marco legal invertir o trabajar, como a los usuarios, que siguen esperando un sistema de transporte previsible y seguro. Se espera que en los próximos días se oficialice el decreto del veto y se conozca la respuesta estratégica de los bloques opositores.