Una crisis institucional sacude a Río Negro. La familia del oficial Gabriel Mandagaray solicitó formalmente el juicio político al STJ. La denuncia apunta contra los jueces del máximo tribunal por «mal desempeño» y favorecer la impunidad.
Elsa Adriana Fabi, madre de la víctima, impulsó la acusación. Ella ingresó el pedido en la Legislatura de Río Negro. El presidente del parlamento, Pedro Pesatti, recibió la documentación. Ahora, la Sala Acusadora debe evaluar la viabilidad del proceso. Este hecho marca un quiebre en la relación entre el poder político y el judicial.
El detonante: impunidad en el caso Mandagaray
El oficial Gabriel Mandagaray murió en abril de 2021. Él realizaba un curso de ingreso al cuerpo de élite COER en Bahía Creek. La justicia probó los abusos y excesos de los instructores. Los tribunales condenaron a la cúpula policial responsable.
Sin embargo, el Superior Tribunal de Justicia (STJ) intervino recientemente. Los jueces anularon resoluciones clave. También ordenaron revisar las sentencias. La familia de Mandagaray interpretó esto como una maniobra de encubrimiento.
Los denunciantes afirman que el STJ «dilata los tiempos». Según ellos, los magistrados buscan beneficiar a los policías condenados. Esta supuesta protección motivó el pedido de juicio político al STJ. La querella sostiene que los jueces perdieron la imparcialidad necesaria.
La Legislatura activa el mecanismo
El parlamento provincial activó los resortes constitucionales. La Comisión de Juicio Político analizará la denuncia. El legislador Facundo López preside este cuerpo clave. Ellos decidirán si la acusación tiene sustento legal.
El proceso pone presión sobre el gobernador Alberto Weretilneck. El caso genera indignación social en toda la provincia. La oposición también observa de cerca los movimientos del oficialismo. Nadie quiere pagar el costo político de la impunidad.
Si la Sala Acusadora avanza, los jueces deberán defenderse. Río Negro enfrenta un escenario inédito. Pocas veces la sociedad cuestionó con tanta fuerza a la cúpula de la justicia. El desenlace de este conflicto definirá la credibilidad de las instituciones rionegrinas.