La eliminación de la tarifa social representa un impacto directo y profundo para miles de hogares en nuestra región, donde las condiciones climáticas extremas transforman al fluido en un recurso de supervivencia y no en un simple servicio.
El Gobierno nacional, a través de la reciente Resolución 101/2026 del ENARGAS, ha formalizado el fin del esquema de beneficios que protegía a los sectores más vulnerables de la Patagonia. Esta medida, enmarcada en la transición hacia el nuevo régimen de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), desmantela la red de contención federal y deja a miles de familias rionegrinas y patagónicas frente a un escenario de desprotección ante el inminente invierno.
Reacciones políticas y defensa del federalismo energético
El rechazo a la quita de la tarifa social ha unido a distintos sectores políticos del sur argentino, quienes consideran que la medida ignora las particularidades geográficas del país. La senadora nacional Cristina López lideró las críticas contra la gestión de Javier Milei, calificando la decisión como un «nuevo castigo» a los habitantes de la Patagonia. López, junto a otros legisladores del bloque Justicialista, presentó un proyecto de ley para derogar los decretos y resoluciones que unificaron los subsidios, buscando restituir el esquema de segmentación previo que garantizaba tarifas diferenciadas por ingresos y zona fría.
El impacto en las facturas y la economía regional
La eliminación de la tarifa social de gas provocará incrementos que, según proyecciones de especialistas, podrían oscilar entre el 40% y el 120% en las boletas finales. Para los residentes de ciudades como Bariloche o General Roca, este ajuste se suma a la ya elevada presión inflacionaria. Por su parte, el gobernador de Río Negro, Alberto Weretilneck, ha intentado amortiguar el golpe mediante medidas provinciales, como la reducción de la carga impositiva en las facturas locales para 2026, aunque el componente nacional del costo del gas sigue siendo el principal motor del aumento. El diputado Ariel Rauschenberger también alertó sobre la discrecionalidad que ahora posee el Ejecutivo central para definir quién recibe asistencia, borrando los porcentajes fijos que antes estaban protegidos por ley.