El ecosistema del fútbol argentino se ve sacudido por una nueva investigación judicial que salpica no solo a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), sino también a figuras vinculadas al poder político y empresarial de la Provincia de Buenos Aires.
El foco está puesto en Javier Faroni, exdirector de Aerolíneas Argentinas y reconocido productor teatral, cuya esposa y dos ciudadanos de San Carlos de Bariloche están bajo la lupa por presuntas maniobras de lavado de activos y facturación apócrifa.
El origen del conflicto: ¿Qué investiga la Justicia?
La causa, que tramita en el Juzgado Federal de San Isidro a cargo de la jueza Sandra Arroyo Salgado, busca desentramar una red de servicios supuestamente inexistentes facturados a la AFA. La hipótesis principal sugiere que empresas vinculadas a Faroni habrían oficiado como vehículos para el desvío de fondos mediante el cobro de comisiones y servicios de logística que nunca se prestaron o que se inflaron sistemáticamente.
Los implicados y el «vínculo Bariloche»
Lo que comenzó como una investigación sobre proveedores de la AFA se extendió hacia el sur del país. Dos personas residentes en Bariloche han sido señaladas como piezas clave en el entramado societario. Se investiga si estas personas actuaron como prestanombres o facilitadores para la creación de estructuras que permitieran el flujo de dinero fuera del control regulatorio. Faroni, ha tenido históricamente una presencia activa en el sector servicios, lo que genera suspicacias sobre el origen de los contratos obtenidos durante la gestión de Claudio «Chiqui» Tapia.
Impacto Político y Económico: Fútbol, Poder y Transparencia
Este caso no es un hecho aislado. Se inserta en un contexto de tensión entre el Gobierno Nacional y la conducción de la AFA por las Sociedades Anónimas Deportivas (SAD). La revelación de estas irregularidades fortalece el argumento de quienes exigen una mayor auditoría sobre los fondos del fútbol. El involucramiento de actores en Bariloche pone de manifiesto cómo las redes de corrupción suelen federalizarse para atomizar el rastro del dinero. Para una economía regional como la de Río Negro, que depende de la transparencia institucional para atraer inversiones, estos escándalos generan un ruido reputacional negativo.
