Un año y medio después de que estalló la alarma por el éxodo de médicos y enfermeros, la crisis sanitaria rionegrina sigue partida en dos relatos que no se encuentran: el del Gobierno, que exhibe miles de trabajadores incorporados y una ampliación hospitalaria financiada por el BID, y el de los gremios, que denuncian miles de puestos vacantes y un conflicto que ya dejó de ser solo salarial. En el medio, las encuestas privadas confirman que la salud sigue entre las principales preocupaciones de los rionegrinos, justo cuando el mapa electoral de la provincia empieza a moverse de verdad.
Informe especial — Observatorio Político de Río Negro
Hace un año y medio, la escasez de médicos y enfermeros en los hospitales públicos de Río Negro dejó de ser un problema de pasillo para convertirse en la crisis sanitaria que más preocupa a los rionegrinos. Guardias desbordadas en Cipolletti y Bariloche, terapias intensivas al límite en el Hospital de General Roca, salarios que no alcanzaban a retener profesionales y un Ministerio de Salud que había pasado meses sin titular definitivo compusieron el diagnóstico inicial. Todo eso sigue, en mayor o menor medida, sobre la mesa. Lo que cambió es la escala del conflicto y, sobre todo, su costo político.
Lo que dice el Gobierno
La versión oficial se apoya en números de incorporación de personal. El sistema público provincial llegó a superar los siete mil doscientos trabajadores, tras sumar más de trescientos profesionales en un solo año entre médicos, enfermeros y personal multidisciplinario. Las especialidades declaradas prioritarias —tocoginecología, neonatología, cirugía general— son las mismas que ya aparecían como críticas hace un año y medio, lo que sugiere una demanda estructural más que un déficit coyuntural.
El anuncio de mayor magnitud llegó en pleno invierno: una ampliación del Hospital Zonal de Bariloche que sumará más de ochenta camas nuevas, entre críticas y de internación, con un financiamiento internacional del Banco Interamericano de Desarrollo. Es la obra de infraestructura sanitaria más importante del período, pero tiene una particularidad que no pasa inadvertida: su puesta en marcha está prevista recién para el primer trimestre de 2027, es decir, después de las próximas elecciones y no antes. El Gobierno también salió a bancar a la obra social de los estatales, reconociendo demoras en algunas autorizaciones pero calificándolas de manejables dado el volumen de afiliados que atiende.
Lo que dicen los gremios
Del otro lado del mostrador, la lectura es exactamente inversa. El gremio que nuclea a los trabajadores de salud sostiene que, lejos de resolverse, el déficit de personal se agravó: hoy habla de miles de puestos vacantes en el conjunto del sistema provincial, muy por encima del ritmo de incorporaciones oficial. La falta de medicación, las cirugías postergadas, las guardias descubiertas y hospitales que quedaron sin conducción definida —como ocurrió este año en Cipolletti— forman parte del reclamo constante.
Pero el dato más significativo de los últimos meses es otro: el conflicto mutó. Ya no se discute solo el salario. En agosto, una federación sindical de alcance nacional organizó por primera vez una jornada de respaldo a los trabajadores de salud rionegrinos, en rechazo a sanciones contra delegados gremiales, a la quita de licencias sindicales y a nuevos métodos de control laboral —entre ellos, el uso de inteligencia artificial para controlar el presentismo del personal y un sistema de triage en las guardias que los propios trabajadores cuestionan. Que un conflicto sanitario provincial convoque a una organización nacional es, en sí mismo, una señal de que la temperatura subió.
Lo que muestran las encuestas
A diferencia de lo que ocurría hace un año y medio, hoy existen mediciones privadas que permiten poner en números el malestar social. Y coinciden en algo: la salud no se movió del podio de las preocupaciones. Una encuesta realizada meses atrás en quince ciudades de la provincia ubicó al deterioro del sistema sanitario como la segunda preocupación de los rionegrinos, apenas detrás de los salarios bajos y por delante de la inseguridad y la desocupación. Un relevamiento más reciente, con una metodología propia diseñada para captar el estado de ánimo social, encontró que la salud y la economía personal empatan como la principal fuente de malestar emocional, y que siete de cada diez rionegrinos piden directamente un cambio de rumbo para la provincia.
Ese mismo clima de malestar se refleja en la imagen del gobernador Alberto Weretilneck, que según una medición de comienzos de año quedó por debajo de la de otros mandatarios patagónicos, en un contexto donde los conflictos gremiales del sector estatal y de salud aparecen entre los factores que explican la caída.
La crisis sanitaria llega al tablero electoral
La salud pública, en este contexto, dejó de ser solo un problema de gestión sanitaria para integrarse a una lista más amplia de motivos de desgaste del oficialismo provincial. Las mismas mediciones que reflejan el malestar por la salud muestran algo que hasta hace poco tiempo era impensado en Río Negro: una competencia electoral abierta en al menos tres frentes, con el espacio que gobierna la provincia desde hace años disputando de igual a igual con la oposición peronista y con La Libertad Avanza. Los propios sondeos describen la situación como un empate técnico entre los principales referentes de cada espacio, algo que no se veía en elecciones anteriores.
Lo que viene
Con todos estos elementos sobre la mesa, la salud pública rionegrina llega a fin de agosto en un estado intermedio: ni la crisis que describían los peores pronósticos de hace un año y medio, ni la solución que promete la próxima gran obra de infraestructura. Conviven, al mismo tiempo, más trabajadores en el sistema y más puestos vacantes según el reclamo gremial; más camas anunciadas y una intervención sindical de escala nacional; más inversión prometida para 2027 y una sociedad que, según las propias encuestas, ya no quiere esperar hasta entonces. Es, en el fondo, la misma tensión que explica por qué la provincia que durante casi dos décadas no tuvo sobresaltos electorales empieza a mirar 2027 con una competencia que, hasta hace poco, nadie daba por segura.