Río Negro concretó el traspaso de las rutas 22 y 151, dos corredores estratégicos para la economía del Alto Valle. La decisión llega tras años de reclamos a la Nación por la falta de obras en esos tramos.
El plan del Gobierno: transitabilidad primero, financiamiento después
El ministro de Gobierno y Trabajo, Agustín Ríos, definió el traspaso como una cuestión de Estado. Según explicó, la falta de mantenimiento generó «accidentes, muertes y situaciones de discapacidad» a lo largo de los 518 kilómetros que suman ambas rutas. Solo unos 40 kilómetros recibieron intervenciones desde 2008.
El ministro de Obras y Servicios Públicos, Aníbal Echarren, precisó los primeros pasos del plan. A partir de la firma del convenio, y una vez aprobado por la Legislatura, la provincia podrá intervenir directamente en un plazo de 60 días. La prioridad inicial es la transitabilidad: repavimentación, mejora de banquinas y señalización en los tramos Río Colorado–Choele Choel y Choele Choel–Chichinales, unos 45 kilómetros de la ruta 151.
Echarren planteó además una mirada más amplia. Habló de pensar «un sistema vial integral» para todo el Alto Valle, desde Cervantes hasta Catriel. Ese tramo conecta a las principales localidades productoras de fruta con la zona petrolera, donde el tránsito de camiones creció con el desarrollo de Vaca Muerta.
Las dudas de la oposición: crédito, peajes y responsabilidad legal
No todos coinciden con el optimismo oficial. El legislador Leandro García, del bloque PJ-NE, cuestionó los términos del traspaso. Advirtió que la provincia solicitó un crédito de 60 millones de dólares al Fonplata para reparar 305 kilómetros de ambas rutas.
Para García, ese financiamiento implica que los rionegrinos «van a pagar dos o tres veces la infraestructura vial», sin que la Nación devuelva los fondos que ya recauda por el impuesto al combustible. También anticipó la instauración de un sistema de peajes en los corredores traspasados.
El legislador remarcó otro punto sensible: la Nación conserva la titularidad de las rutas, mientras la provincia asume las demandas y los riesgos legales que puedan surgir. El debate por los detalles del convenio recién empieza, en paralelo a las primeras obras anunciadas.
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