La justicia de Río Negro reactivó la causa Techo Digno 2026 durante esta última semana de enero.
El proceso judicial investiga presuntas irregularidades en la construcción de viviendas sociales financiadas por el Estado Nacional. Tres audiencias preliminares marcan el inicio de este camino legal. El tribunal busca organizar las pruebas acumuladas y analizar los peritajes contables sobre los fondos transferidos a la provincia.
Irregularidades en los municipios rionegrinos bajo la lupa judicial
El foco de la causa Techo Digno 2026 recae sobre la ejecución de convenios en ciudades como Bariloche, Viedma y General Roca. La fiscalía detectó maniobras de certificaciones anticipadas en obras que no tenían el avance declarado. Muchos barrios presentan hoy un estado de abandono alarmante. Las auditorías técnicas muestran una diferencia grave entre el dinero enviado desde Nación y las estructuras realmente construidas en el territorio rionegrino.
Según la agenda judicial, el 12 de febrero se realizará la audiencia en la que deberán comparecer el ex jefe comunal de Río Colorado y actual legislador de JSRN, Gustavo San Román. Lo hará junto al constructor Longinos de Dios.
Para el 3 de marzo están citados la intendenta peronista de Cervantes, Claudia Montanaro, y su padre, el ex intendente Gilberto Montanaro. Ese día deberán presentarse también los constructores De Dios y Néstor Sarasola.
Pocos días después, el 12 de marzo, está prevista la audiencia de acusación al ex intendente de Godoy y actual legislador peronista, Luis Ivancich. También al constructor De Dios.
Bariloche
Mientras se generan estas audiencias, se producirá el segundo juicio de la megacausa. Será también en Bariloche, pero esta vez para debatir la responsabilidad de la ex intendenta peronista, María Eugenia Martini.
El impacto social del proceso por las viviendas de Río Negro
La resolución de la causa Techo Digno 2026 resulta vital para las familias que aún esperan su hogar. La crisis habitacional en la Patagonia exige respuestas claras sobre el destino de los fondos públicos. Este juicio busca determinar responsabilidades penales y recuperar el patrimonio afectado. La transparencia en la obra pública será el eje central de las próximas jornadas en los tribunales locales. El resultado final sentará un precedente para futuras gestiones gubernamentales en toda la región.