Bariloche enfrenta tensiones institucionales tras graves incidentes. Defensoría del Pueblo investiga violencia
La Defensoría del Pueblo de San Carlos de Bariloche decidió actuar de oficio. Así lo anunció este lunes mediante resolución oficial. Por ello, abrió una investigación formal sobre los hechos ocurridos el 2 de marzo de 2026.
Empujones y caídas marcaron el acto en el gimnasio municipal.
Durante la apertura de sesiones ordinarias, en el gimnasio N.º 5 del kilómetro 13 de la Avenida Exequiel Bustillo, se registraron agresiones. Además, una vecina y su hija de 9 años cayeron al piso. En consecuencia, la mujer sufrió un desmayo. Asimismo, otro asistente recibió golpes. Sin embargo, la concejal Julieta Wallace también fue empujada mientras acompañaba a su hija menor.
Fallas de seguridad agravaron la situación en el predio.
La policía intervino de forma deficiente. Por un lado, solo revisó pertenencias. Por otro lado, no evitó las agresiones ni protegió a los presentes. Además, no había ambulancia en el lugar. Por lo tanto, el traslado médico se demoró. De esta manera, se vulneró el derecho a la protesta pacífica y al orden democrático.
Defensoría acompañó a las víctimas y recolectó pruebas.
El equipo de la Defensoría asistió a la vecina desmayada. Luego, la acompañó a radicar la denuncia penal en la Subcomisaría N.º 55 de Playa Serena. Paralelamente, el equipo del concejal Facundo Villalba apoyó al vecino agredido. Además, la resolución incluye material audiovisual del programa “Noticiero Seis” de Canal 6 Bariloche.
Recomendaciones apuntan a fortalecer protocolos institucionales.
La defensora Mariana Minuth firmó la resolución RECO-DPB:1/2026. Por ello, recomendó al presidente del Concejo, Gerardo del Río, reunir grabaciones y testimonios. De esta forma, se evaluarán denuncias penales. Asimismo, instó al intendente Walter Cortés y a Del Río a garantizar mecanismos de seguridad futuros. En consecuencia, se preservará la paz social y el diálogo democrático.
Posible involucramiento de empleados municipales bajo análisis.
En el artículo 5° de la resolución, se solicita investigar si los agresores eran funcionarios o empleados municipales. Por lo tanto, de confirmarse, se iniciarán sumarios administrativos. Además, se evaluará su desvinculación. Finalmente, se realizarán las denuncias penales correspondientes. De esta manera, se asume responsabilidad institucional plena.
Actuación oficial se profundizará en los próximos días.
La Defensoría abrió la actuación ACTU-DPB:9/2026. Además, el asesor letrado Dr. Carlos Emilio Arrative refrendó el documento. En breve, se notificará al Concejo, al Ejecutivo y al Tribunal de Contralor. Por ello, se espera que las autoridades respondan con celeridad.