Bariloche, Ordenanza 2736-CM-17, pirotecnia cero, emergencia ígnea, prevención de incendios, gestión municipal, San Carlos de Bariloche, fiscalización, normativa local, medio ambiente.
La convivencia urbana y la seguridad ambiental en San Carlos de Bariloche se rigen actualmente por un marco normativo estricto diseñado para mitigar riesgos climáticos y proteger a los sectores vulnerables de la población. Sin embargo, los eventos registrados durante las festividades de fin de año han puesto bajo análisis la eficacia de la fiscalización y el alcance real de las prohibiciones vigentes en el ejido municipal.
El marco legal vigente: Prohibiciones y fundamentos
La base de la regulación local se asienta en la Ordenanza Municipal 2736-CM-17. Esta normativa prohíbe de forma taxativa el uso de pirotecnia sonora en toda la ciudad. Los fundamentos de la ley no solo responden a una cuestión de orden público, sino que se centran en la protección de la salud de personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y adultos mayores, así como en la preservación del bienestar de animales domésticos y la fauna silvestre de la región.
A este esquema se suma la Resolución 00000166-I-2025. Mediante este acto administrativo, el municipio adhirió al Decreto Provincial 070-2025, el cual declara el estado de Emergencia Ígnea en todo el territorio rionegrino hasta el 30 de abril de 2025. Esta declaración técnica implica que, debido al riesgo extremo de incendios forestales por condiciones climáticas, queda prohibida la generación de cualquier tipo de fuego al aire libre y toda actividad que represente una chispa potencial de ignición, incluyendo el uso de artefactos pirotécnicos.
Los controles municipales y la situación en el territorio
Desde la Subsecretaría de Inspección General se han difundido operativos bajo la campaña Pirotecnia Cero. A través de canales institucionales y redes sociales, se informó sobre la realización de controles preventivos en diversos puntos estratégicos de la ciudad con el objetivo de decomisar material no autorizado y sancionar su comercialización.
A pesar de estos esfuerzos declarados, se han reportado inconsistencias en la aplicación de la norma. Los registros señalan la venta de pirotecnia en sectores específicos donde la presencia de inspectores fue nula, incluso en cercanías a domicilios de funcionarios de las delegaciones municipales. Estos hechos contrastan con el antecedente inmediato del incendio ocurrido el pasado 24 de diciembre en La Barda del Ñireco, un evento que demandó una movilización masiva de recursos para evitar una catástrofe mayor en una zona de alta densidad vegetativa.
Análisis del impacto en la seguridad pública
El incumplimiento de las normativas de emergencia ígnea no solo representa una infracción administrativa, sino un riesgo operativo para el sistema de respuesta a emergencias. En un contexto de sequía y temperaturas extremas, el uso de pirotecnia se traduce en una amenaza directa a la propiedad privada y a los recursos naturales del Parque Nacional y sus alrededores.
La disparidad entre la norma escrita y la realidad observada en las calles genera un debate sobre la equidad en la aplicación de las leyes. Cuando la fiscalización se percibe como selectiva o insuficiente, el impacto de las campañas de concientización disminuye, debilitando la confianza ciudadana en las instituciones responsables de velar por la seguridad colectiva.
Conclusión sobre la gestión de riesgos
La situación en Bariloche refleja un dilema recurrente en la administración pública: la transición de la norma técnica al cumplimiento efectivo. Mientras la emergencia ígnea continúe vigente hasta finales de abril, la rigurosidad en los controles y la ejemplaridad en el cumplimiento por parte de todos los actores sociales y políticos serán determinantes para evitar incendios forestales y garantizar la convivencia ciudadana.