El pase a planta municipal en Bariloche volvió a escalar la tensión entre el intendente y el Concejo Deliberante. Walter Cortés cuestionó con dureza la ordenanza que crea una comisión para evaluar a 400 empleados contratados. Incluso dejó abierta la puerta a un veto.
El cuerpo legislativo había aprobado la medida días atrás, con siete votos a favor. El bloque oficialista, con tres concejales, votó en contra del proyecto. La comisión que ahora cuestiona Cortés ya había quedado establecida en una nota anterior de La Política Río Negro.
Por qué Cortés rechaza el pase a planta en Bariloche
El intendente sostuvo que el Concejo «no puede hacer ordenanzas por encima del presupuesto» municipal. Además, cuestionó la necesidad de la medida con una pregunta directa: «¿Para qué vamos a meter 400 personas si no hace falta?». Según Cortés, de los 2.300 empleados municipales, pocos trabajan efectivamente en la calle.
La crítica más dura apuntó al propio cuerpo legislativo. Cortés habló de «un contubernio de cinco o seis tipos que mantienen siempre de rodillas la municipalidad». En ese sentido, también propuso reducir el número de concejales de once a siete, y cuestionó el costo anual del Concejo, que ronda los 3.600 millones de pesos.
Qué dice el sindicato y cómo sigue el conflicto
La ordenanza, identificada como proyecto 578-26, no habilita un pase automático a planta permanente. Por el contrario, crea una comisión mixta integrada por un representante del Ejecutivo, otro del sindicato SOYEM y un veedor del Concejo. Esa comisión deberá analizar caso por caso cada legajo, en línea con los criterios generales que rigen el empleo público municipal en el resto del país.
Desde el SOYEM celebraron la aprobación como «un primer paso» para revisar la situación de los contratados. Sin embargo, aclararon que la medida «no implica un ingreso directo a planta». El sindicato, además, quedó atento a la posibilidad de que Cortés efectivice el veto que insinuó públicamente.
El malestar gremial no es nuevo. Durante buena parte del año, el SOYEM viene reclamando por la situación de los contratados municipales, con marchas y protestas frente al Centro Cívico. Por eso, para el sindicato, esta comisión representaba una señal política importante, más allá de sus alcances reales.
El intendente, por su parte, vinculó todo el conflicto con la falta de aprobación de la ordenanza Fiscal y Tarifaria municipal. Aunque todavía no formalizó el veto, sus declaraciones marcan un nuevo round entre el Ejecutivo y el Concejo.
No sería, además, la primera vez que Cortés recurre a esta herramienta. El intendente ya vetó otras ordenanzas de la oposición este año, en sesiones que también terminaron con fuertes cruces verbales. Por eso, en el Concejo nadie descarta que esta pulseada termine de la misma manera: con un veto y una nueva ronda de reclamos.
Con todo, el desenlace de esta disputa definirá el futuro laboral de cientos de familias barilochenses. Más coberturas sobre la política de Río Negro pueden seguirse en La Política Río Negro.