Marcelo Román rompió el silencio. El intendente de Allen —suspendido preventivamente por el Concejo Deliberante tras la formulación de cargos por peculado y administración fraudulenta— anunció que no abandonará el cargo. Román desafía al Concejo de Allen
Cuestiona la legalidad del procedimiento y acusa al bloque de Juntos Somos Río Negro y al peronismo de impulsar lo que califica como un «avasallamiento» institucional.
Marcelo Román no se va. El único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro salió a responder la suspensión preventiva que el Concejo Deliberante de Allen aprobó días atrás y dejó su posición en claro: continuará al frente del municipio mientras la Justicia no ordene lo contrario.
«Fuimos elegidos por el pueblo y tenemos un mandato democrático», afirmó el jefe comunal en declaraciones públicas. Al mismo tiempo, tachó la decisión legislativa de «avasallamiento» y anunció que presentó una denuncia penal contra los funcionarios que impulsaron la suspensión. La Libertad Avanza en Allen enfrenta así su crisis más grave desde que asumió el gobierno.
El argumento jurídico de Román contra la suspensión
El eje central de la defensa de Román apunta a la norma que utilizó el Concejo para fundamentar la medida: el artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen. Según explicó, esa disposición remite al antiguo Código Procesal Penal provincial y a la figura del «procesamiento», que dejó de existir con la reforma procesal vigente desde 2017. Por lo tanto, sostiene que la situación actual —una formulación de cargos— no puede equipararse a ese concepto.
El dictamen del asesor letrado del Concejo, Néstor Soler, fue la base de la suspensión. Soler argumentó que corresponde apartar a Román para preservar pruebas: todavía deben declarar diez empleados municipales y realizarse pericias contables. Sin embargo, Román respondió que ningún actor judicial —ni la jueza, ni la fiscal, ni la fiscal jefe— solicitó restringir el ejercicio de sus funciones.
Además, cuestionó el procedimiento formal. El proyecto de suspensión, dijo, no estaba incluido en el temario original de la sesión extraordinaria. Y añadió que la ordenanza aún debe cumplir los plazos de promulgación, veto y publicación previstos en la Carta Orgánica antes de producir efectos legales. Mientras eso no ocurra, aseguró, seguirá gobernando.
La causa por peculado y el empresario Ocampo
La investigación judicial que desencadenó la crisis involucra al empresario Sebastián Ocampo, también imputado. La acusación sostiene que Román le habría entregado un teléfono celular comprado con fondos municipales. Ante las preguntas sobre el fondo de la causa, el intendente prefirió no dar detalles y delegó la estrategia de defensa en sus abogados.
La suspensión fue aprobada con seis votos en el Concejo, con la participación de concejales de Juntos Somos Río Negro y el peronismo. Román acusa a ambos espacios de operar en su contra por razones políticas, no jurídicas.
UCR en el ejecutivo y la pulseada que sigue
Con Román suspendido, asumió la conducción del municipio Fabián Figueroa, presidente del Concejo Deliberante y referente radical. La UCR recupera así transitoriamente Allen, una ciudad que gobernó durante años antes del giro libertario.
Por su parte, una iniciativa ciudadana acumuló cerca de 3.000 firmas para impulsar la revocatoria del mandato de Román. El intendente relativizó esa cifra y anticipó que muchas adhesiones serán impugnadas. «Seguimos gobernando como desde el primer día», concluyó, mientras la Justicia define si su postura tiene sustento legal o si la suspensión se consolida.
El caso Allen ya excede lo local. En Río Negro, el desenlace de este conflicto marcará el techo y el piso del espacio libertario en el año que precede a las elecciones provinciales de 2027.