Marcelo Román, el único intendente de La Libertad Avanza en Río Negro, fue suspendido de manera preventiva por el Concejo Deliberante de Allen tras la formulación de cargos judiciales en su contra por presunto peculado y administración fraudulenta. El jefe comunal rompió el silencio y anunció que no dejará el cargo mientras la Justicia no resuelva.
Allen tiene dos intendentes. Uno que el Concejo Deliberante designó tras la suspensión de Marcelo Román. Y otro que Marcelo Román considera que sigue siendo él. El conflicto institucional en la ciudad del Alto Valle de Río Negro llegó a un punto de máxima tensión esta semana, cuando el jefe comunal salió a dar la cara y confirmó que no entregará el poder.
Román es investigado por la Justicia provincial en una causa por presunto peculado y administración fraudulenta. La acusación sostiene que el intendente entregó un celular adquirido con fondos municipales al empresario Sebastián Ocampo, también imputado. Cuando la Justicia formuló los cargos, el Concejo Deliberante activó un artículo de la Carta Orgánica y votó su suspensión preventiva. Seis concejales respaldaron la medida.
Román respondió con una declaración contundente: «Fuimos elegidos por el pueblo y tenemos un mandato democrático». Además, calificó la suspensión como un «avasallamiento» y acusó a concejales de Juntos Somos Río Negro y del peronismo de impulsar un movimiento político disfrazado de proceso legal.
El debate jurídico en el centro del conflicto
El intendente construyó su defensa sobre un argumento técnico. El artículo 109 de la Carta Orgánica de Allen, que los concejales usaron para justificar la suspensión, hace referencia al antiguo Código Procesal Penal provincial y a la figura del «procesamiento». Esa figura desapareció con la reforma procesal vigente desde 2017. Por lo tanto, Román sostiene que la formulación de cargos actual no puede equipararse con aquella figura derogada.
Además, planteó que ese mismo artículo alcanza a funcionarios y empleados, pero no al intendente. Según su interpretación, la remoción de un cargo electivo está regulada por el artículo 98 de la misma Carta Orgánica, que establece un procedimiento diferente.
Sin embargo, los concejales rechazaron esa lectura. El asesor legal del Concejo Deliberante, Néstor Soler, sostuvo que la medida tiene como objetivo preservar las pruebas mientras avanza la investigación. Todavía faltan declaraciones de diez empleados municipales y pericias contables. Por eso, el dictamen concluyó que la permanencia del intendente podría interferir con el proceso judicial.
Sin jueza, sin fiscal y sin pedido de restricción
Román también señaló que ningún actor judicial solicitó limitar el ejercicio de sus funciones. «Ni la jueza, ni la fiscal, ni la fiscal jefe pidieron una medida de ese tipo», afirmó. Eso, para él, refuerza el argumento de que la suspensión respondió a una decisión política y no a una necesidad jurídica.
Por otro lado, cuestionó el procedimiento del Concejo. Aseguró que el proyecto no formaba parte del temario original de la sesión extraordinaria. También planteó que la ordenanza aún no puede producir efectos porque debe completar los pasos formales establecidos para cualquier norma municipal: plazos de promulgación, posibilidad de veto y publicación oficial.
Mientras tanto, Fabián Figueroa, concejal de la UCR, asumió como intendente interino. La suspensión abrió la puerta a que el radicalismo vuelva a gobernar Allen, ciudad que ya había sido territorio histórico del partido.
El perfil de Román y el armado libertario en Río Negro
Román lleva en la sangre dos trayectorias poco habituales para la política local. Pasó 24 años en la Policía provincial, llegó a comisario y se retiró a los 40 años. Luego fundó una academia de conducir. Ese fue el punto de partida de su carrera política.
Su debut electoral fue como candidato a presidir el Concejo Deliberante de Allen en 2019. Cuatro años en una concejalía fueron suficientes para dar el salto a la intendencia. Su pase de la UCR a La Libertad Avanza fue celebrado en el armado mileísta como un movimiento estratégico en la provincia.
Además, su llegada al poder municipal fue presentada como una muestra de expansión del espacio libertario en Río Negro. Sin embargo, los problemas judiciales y el enfrentamiento con el Concejo pusieron ese relato bajo una presión considerable. Hoy, su caso es el primero de su tipo en la provincia: un intendente de LLA suspendido y que se niega a irse.