En las liquidaciones municipales de mayo de 2026 apareció un nuevo ítem: un recargo del 10% sobre la Tasa por Servicios Municipales bajo el rótulo de «Fondo de Infraestructura». El problema es que ese fondo no tiene respaldo en la Ordenanza Fiscal y Tarifaria vigente. Y la oposición ya habla de ir a la Justicia.
A la lista de frentes abiertos que tiene Walter Cortés en Bariloche se sumó uno más esta semana, y este tiene nombre y apellido: el «Fondo de Infraestructura». El cargo apareció en las liquidaciones del período 05/2026 sin previo aviso, aplicando un recargo del 10% sobre la Tasa por Servicios Municipales. Muchos vecinos lo notaron al revisar su boleta. Otros lo consultaron en el municipio. La respuesta oficial los dejó con más dudas que certezas.
La razón del malestar es concreta: ese fondo no está contemplado en la Ordenanza Fiscal y Tarifaria que rige actualmente en el municipio. El Ejecutivo apoyó su aplicación en una ordenanza de 1992, una norma que lleva más de tres décadas en los archivos y que nunca había sido utilizada con este propósito.
El argumento que no convence
Desde el entorno de Cortés sostienen que el recargo tiene respaldo jurídico suficiente en esa vieja norma municipal. Pero la lectura opositora es completamente distinta. Para varios concejales y para los sectores más críticos del espectro político barilochense, utilizar una ordenanza de 1992 para habilitar un nuevo tributo que no fue debatido ni aprobado por el cuerpo legislativo actual constituye una maniobra ilegítima, cuando no directamente inconstitucional.
El cuestionamiento central es de fondo: si el municipio necesita más recursos, el camino institucional es presentar la modificación ante el Concejo, debatirla y aprobarla. No recurrir a una norma obsoleta para evitar ese debate. La oposición interpreta la movida como un intento de eludir el control legislativo sobre las finanzas municipales, algo que, señalan, se convirtió en un patrón de comportamiento de esta gestión.
Un municipio con las cuentas apretadas
El contexto en el que aparece este recargo no es casual. Cortés lleva meses gobernando con una brecha presupuestaria que el propio Concejo contribuyó a generar: le aprobó el presupuesto 2026 con un crecimiento del 75%, pero le rechazó la actualización de la Ordenanza Fiscal y Tarifaria. El resultado es un municipio que gasta más de lo que proyectaba recaudar.
Frente a esa realidad, el intendente busca ingresos por donde puede. Ya intentó antes subir tasas con aumentos que la oposición denunció como «impuestazo». Ahora apareció este fondo de infraestructura que, según voces del sector político y también del empresarial local, podría terminar en los tribunales si el municipio no da marcha atrás o lo regulariza a través de los canales institucionales correspondientes.
La señal que manda Cortés con esta movida es la misma que repite en distintos frentes: prefiere avanzar y después negociar, antes que negociar antes de avanzar. Es un estilo que hasta ahora le dio algunos resultados. Pero los costos políticos y judiciales de ese método empiezan a acumularse a un ritmo que su gestión ya no puede ignorar.