El intendente de Bariloche Walter Cortés firmó un decreto que amplía las funciones de la empresa privada que ya operaba el vertedero municipal. La movida llega mientras el Concejo Deliberante sigue sin resolver la situación y con la Carta Orgánica como telón de fondo del conflicto.
El ejecutivo municipal de Bariloche no esperó al Concejo Deliberante. El intendente Walter Cortés firmó un decreto que amplía las funciones de la empresa privada que ya operaba en el basural de la ciudad, una decisión que profundiza la gestión privada del vertedero en un momento en que el cuerpo legislativo local lleva semanas sin avanzar en la materia. El decreto de Cortés sobre el basural de Bariloche concentra en el ejecutivo una decisión que, según varios concejales, correspondía pasar primero por el deliberante.
La situación del basural de Bariloche arrastra una historia de conflictos. La gestión del vertedero municipal representa uno de los temas más sensibles de la administración local: involucra contratos privados, presupuesto municipal, impacto ambiental y, en este contexto, también el debate abierto por la nueva Carta Orgánica. La reforma institucional que atraviesa la ciudad renueva la discusión sobre cuáles son las atribuciones del ejecutivo y cuáles requieren aval legislativo.
El decreto como herramienta ante la parálisis legislativa
Cortés recurrió a la vía del decreto ante la imposibilidad de avanzar por la vía legislativa. El Concejo Deliberante no logró generar los consensos necesarios para resolver la cuestión del basural, y esa parálisis funcionó como habilitante político para que el ejecutivo actuara de forma unilateral. La empresa que ya operaba en el vertedero pasó a tener funciones ampliadas mediante esa resolución, sin pasar por el proceso de debate en el cuerpo colegiado.
La decisión genera tensiones en el vínculo entre el intendente y el Concejo. No es la primera vez que el ejecutivo barilochense opta por el decreto en áreas que el deliberante considera de su competencia. Ese patrón recurrente se vuelve más visible en la coyuntura actual, cuando la reforma de la Carta Orgánica pone en debate los límites de cada poder dentro de la estructura municipal.
Carta Orgánica y disputa de poder local
El conflicto por el basural no puede leerse sin el contexto más amplio de la reforma institucional. Bariloche transita un proceso de actualización de su Carta Orgánica que implica redefinir competencias, procedimientos y controles. En ese marco, cada movimiento del ejecutivo que implica ampliar su capacidad de decisión sin mediación del Concejo funciona también como una señal política sobre cómo el intendente interpreta su margen de acción.
Los concejales más críticos de la medida sostienen que la ampliación de la gestión privada del basural requería autorización legislativa. El ejecutivo, por su parte, entiende que su competencia en materia de servicios públicos lo habilita a actuar con herramientas propias. Esa diferencia de interpretación no es nueva, pero el decreto la vuelve concreta y pública.
El basural de Bariloche es un problema operativo urgente. También es un escenario donde se juegan disputas institucionales que van más allá de los residuos. El decreto de Cortés resolvió la urgencia. El conflicto de fondo sigue abierto.