La acción judicial busca frenar resoluciones municipales. El abogado Alejandro Pschunder presentó una demanda de inconstitucionalidad y nulidad.
Además, solicitó una medida cautelar inmediata. De esta manera, pretende suspender los efectos de las resoluciones del Ejecutivo local sobre el transporte de pasajeros.
Fundamentos jurídicos de la medida contra Uber. Pschunder explicó que el problema no es político. Por el contrario, se trata de un tema estrictamente jurídico. Sin embargo, el intendente Walter Cortés avanzó sobre facultades que no le corresponden. Por lo tanto, vulnera la carta orgánica municipal y las constituciones provincial y nacional.
División de poderes en juego en San Carlos de Bariloche. El letrado recordó que vivimos en una democracia indirecta. En este sentido, el pueblo gobierna a través de sus representantes. Además, la Ley Nacional de Tránsito establece requisitos claros para licencias de conductores de pasajeros. De igual modo, el Concejo Deliberante adhirió a esa norma mediante ordenanza. Por consiguiente, solo ese cuerpo legislativo puede regular el transporte urbano.
Riesgos para la seguridad y el erario público. Las resoluciones cuestionadas contradicen directamente el marco legal vigente. Así, quien transporte personas sin cumplir los requisitos podría carecer de seguro adecuado. Además, no contaría con licencia profesional ni certificado de antecedentes penales. Por otro lado, ante cualquier accidente la responsabilidad recaería también sobre el municipio.
El camino correcto según el abogado de los taxistas. Pschunder fue contundente en su análisis. Si el intendente desea modificar las facultades de los poderes, existe un procedimiento. En efecto, debe convocar una asamblea constituyente para reformar la carta orgánica. De esta forma, evita actuar de manera unilateral.
Neutralidad y compromiso con la ley. El abogado aclaró su posición con claridad. “Esto no es estar ni a favor ni en contra del intendente”, afirmó. Por lo tanto, se trata simplemente de hacer cumplir la ley. De igual modo, la cautelar presentada ante el Juzgado Contencioso Administrativo busca restaurar el equilibrio institucional en Bariloche.
Impacto potencial de la resolución judicial. De confirmarse la medida cautelar, las resoluciones del Ejecutivo quedarían suspendidas de inmediato. Así, se protegería el marco legal vigente. Además, se garantizaría la seguridad de los usuarios del transporte público en la ciudad. Por consiguiente, el debate sobre Uber y los taxistas entraría en una nueva etapa institucional.