La Municipalidad de Bariloche dejó sin efecto el convenio que la unía con la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB) desde 1988. Cortés rescinde el contrato con la Cooperativa Eléctrica
El intendente Walter Cortés firmó la resolución que pone fin a casi cuatro décadas de delegación del servicio de alumbrado público, que volverá a ser administrado directamente por el Estado municipal a partir del 1° de septiembre.
El alumbrado público de Bariloche cambia de manos. El intendente Walter Cortés firmó la resolución que deja sin efecto el convenio entre la Municipalidad y la Cooperativa de Electricidad Bariloche (CEB), una relación que se mantuvo durante casi cuatro décadas. La medida entra en vigencia el 1° de septiembre y convierte a la gestión municipal en responsable directa de la planificación, el mantenimiento y el financiamiento de todas las luminarias de la ciudad.
El convenio databa de 1988 y nunca había sido formalmente renovado. Sin embargo, se actualizaba de manera automática cada cinco años, según lo establecía la ordenanza que lo respaldaba. La decisión de Cortés no fue unilateral en términos políticos, pero sí lo fue en términos jurídicos: la resolución del Ejecutivo municipal invocó esa cláusula para romper el contrato, algo que la cooperativa considera ilegal.
La pelea por la rendición de cuentas
El conflicto tiene raíces concretas. Desde el municipio, Cortés explicó que la ruptura llegó después de que la cooperativa rechazara reiteradamente los pedidos de rendición de cuentas sobre la recaudación del alumbrado. «Les enviamos muchas notas para que expliquen en qué se gasta el dinero. Nunca respondieron», afirmó el intendente en declaraciones públicas.
La CEB, en cambio, presentó otro relato. Su presidente, Alejandro Pozas, sostuvo que la documentación fue entregada y que muestra el déficit del servicio, junto con una deuda acumulada de parte del municipio de alrededor de 1.000 millones de pesos por la falta de actualización tarifaria. Esa cifra motivó un recurso de amparo que la cooperativa presentó ante la Justicia semanas antes de la resolución municipal.
Cuando Cortés firmó la rescisión, la CEB volvió a judicializar la situación. Esta vez cuestionó directamente la legalidad del procedimiento. Su argumento es claro: el convenio fue aprobado mediante una ordenanza del Concejo Deliberante y, por lo tanto, cualquier modificación debería seguir el mismo camino legislativo. El Ejecutivo, en cambio, sostiene que el acuerdo habilitaba la rescisión unilateral por cualquiera de las partes.
Qué cambia a partir de septiembre
A partir del 1° de septiembre, el municipio asumirá la totalidad de las responsabilidades del servicio. Eso incluye el costo de la energía consumida por las luminarias, el mantenimiento de la red y la contratación del personal necesario.
Desde la gestión Cortés sostienen que la tarea puede afrontarse con cuadrillas propias. También se analiza un esquema mixto con alguna empresa privada. Para definir el modelo de transición, el municipio estudia cómo funcionan sistemas similares en General Roca y Cipolletti, donde los propios municipios administran el alumbrado.
«El monstruo no es tan grande. Hay que ser sensibles con estas cosas: la cooperativa no es dueña del alumbrado público», sostuvo Cortés en Radio Seis de Bariloche.
El trasfondo político de la disputa
La pelea con la CEB no surge en el vacío. La cooperativa eléctrica tiene una presencia institucional relevante en Bariloche y sus cuestionamientos al Ejecutivo se producen en un momento en que el intendente también enfrenta tensiones con el Concejo Deliberante en otros frentes.
El argumento del municipio es que el convenio original asignaba dos funciones a la cooperativa: la recaudación del impuesto al alumbrado y el mantenimiento de la red. Según los funcionarios barilochenses, esa segunda tarea es, en la mayoría de las ciudades del país, responsabilidad directa de los municipios. La municipalización del servicio no sería, entonces, una anomalía sino una normalización.
Además, lo que queda pendiente es la resolución judicial. La CEB insiste en que la ordenanza que aprobó el Concejo Deliberante tiene más jerarquía que una resolución del Ejecutivo, y que ningún intendente puede dejar sin efecto un acuerdo legislativo por decreto. El municipio confía en que los recursos presentados no prosperen.
Así, la disputa definirá no solo quién enciende las luces de Bariloche, sino también cuál es el límite real de las facultades del Ejecutivo municipal frente al Concejo y los entes que gestionan servicios públicos en la ciudad.