Un fuerte cruce político y judicial sacudió la semana en Viedma. El Gobierno de Río Negro primero negó un operativo en la Casa de Gobierno y luego admitió un procedimiento judicial. El caso se enmarca en una investigación federal y abrió una controversia que sigue escalando.
La versión estalló el martes por la noche en la política rionegrina. Distintos medios nacionales y provinciales informaron sobre un operativo en la Casa de Gobierno. Se hablaba de una intervención de la Justicia Federal y del secuestro de una computadora. El Gobierno reaccionó de inmediato y con dureza.
El gobernador Alberto Weretilneck desplegó un intenso operativo de prensa el miércoles. Usó un mensaje en redes, una nota radial, un comunicado y una conferencia. En todas esas instancias calificó la información como falsa. Habló de una «operación política» y apuntó contra los medios que la difundieron.
La negativa inicial del Ejecutivo
El giro: del «es falso» al reconocimiento
La postura oficial, sin embargo, cambió en pocas horas. La oposición presentó un pedido de informes para que el Gobierno aclarara lo ocurrido. La presión sumó a distintos bloques legislativos. El Ejecutivo quedó obligado a dar precisiones.
Finalmente, en un comunicado del jueves, el Gobierno modificó su relato. Admitió la existencia de procedimientos judiciales en dependencias públicas. Los vinculó a una denuncia que la propia administración había realizado. Según esa versión, el origen sería un presunto hackeo y no la causa federal.
La causa de fondo y un clima cargado
La investigación que disparó todo apunta a una trama de alcance nacional. Aparece mencionado Juan Pablo Beacon, señalado como arrepentido en la causa AFA. El Gobierno provincial negó vínculos con ese expediente. Aun así, el episodio en Viedma quedó asociado a esa investigación.
El caso se dio en un clima ya tenso por otra filtración reciente. Semanas atrás habían trascendido contratos de la Legislatura provincial. Ese antecedente potenció las sospechas y las versiones cruzadas. La sucesión de hechos dejó al oficialismo en una posición incómoda.
Por ahora, el cambio de relato no despejó todas las dudas. La oposición reclama precisiones sobre qué dependencias fueron alcanzadas. El episodio se inscribe en un año cargado de tensión electoral. Y en Río Negro, la disputa por la versión recién empieza.