Privatización de represas del Comahue: críticas y riesgos de litigios internacionales.
El Gobierno de Javier Milei ha iniciado la venta de las hidroeléctricas del Comahue (Alicurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila) mediante un concurso público nacional e internacional, según la Resolución 1200/2025 publicada en el Boletín Oficial. Estas centrales, que representan el 10% de la generación eléctrica del país, fueron concesionadas en 1993 y sus contratos vencieron en 2023. Tras prórrogas, el Ejecutivo optó por reprivatizarlas, generando críticas por su impacto en tarifas y la economía.
Críticas de Federico Basualdo
El exsubsecretario de Energía Federico Basualdo cuestionó en AM 750 la dolarización de los ingresos de las empresas concesionarias, ajustados por la inflación estadounidense, lo que encarecerá las tarifas y afectará la competitividad. Comparó la medida con la dolarización impulsada por Mauricio Macri, alertando sobre su insostenibilidad: “Es un esquema que terminará en litigios en sedes extranjeras, como ocurrió tras la crisis de 2001”. Basualdo destacó que el Frente de Todos buscaba que estas centrales volvieran a Enarsa para priorizar el desarrollo nacional.
Riesgos de litigios internacionales
Basualdo advirtió que las condiciones de los pliegos, con contratos a 30 años, son inviables frente a una devaluación, lo que podría derivar en disputas legales internacionales. “Los contratos no se pudieron sostener en el pasado y aún enfrentamos litigios”, afirmó, señalando el precedente de la post-convertibilidad bajo Néstor Kirchner.
Impacto en la soberanía energética
La privatización, según Basualdo, beneficia a privados en detrimento de un proyecto de país. “¿Qué modelo están pensando en esta disputa por la renta energética?”, cuestionó, subrayando las consecuencias estructurales de ceder activos estratégicos. La medida, enmarcada en la desregulación energética, prioriza ingresos fiscales de corto plazo (estimados en US$500 millones) sobre la planificación a largo plazo.
