La justicia rionegrina ha dictado una medida contundente contra una de las figuras centrales de La Libertad Avanza en la Patagonia.
Recientemente, se confirmó el embargo del sueldo de Lorena Villaverde, actual diputada nacional, debido a una demanda civil derivada de su actividad empresarial previa a asumir su banca en el Congreso. La resolución surge tras el incumplimiento en la entrega de un terreno en la zona costera de la provincia.
El origen del conflicto: El loteo «Las Victorias» en Las Grutas
El litigio judicial que derivó en el embargo del sueldo de Lorena Villaverde se remonta a una operación comercial con el ciudadano Adrián Morales. Según consta en el expediente, Morales adquirió un lote en el desarrollo denominado «Las Victorias», ubicado en la villa balnearia de Las Grutas.
Pese a haber cumplido con los pagos acordados, el comprador nunca recibió la posesión del terreno ni se concretó la escrituración. Tras agotar las instancias de mediación privada y judicial sin obtener respuestas satisfactorias por parte de la desarrolladora, la justicia intervino para garantizar el resarcimiento del damnificado.
La decisión judicial y el monto del embargo
La orden fue emitida por el Juzgado de Paz de San Antonio Oeste. El fallo establece una retención económica sobre los haberes que percibe la legisladora en la Cámara de Diputados de la Nación.
- Monto principal: Se reclama una suma de $1.200.000 en concepto de capital.
- Intereses y costas: Se han presupuestado aproximadamente $600.000 adicionales para cubrir intereses devengados y gastos causídicos.
Esta medida busca asegurar que el demandante recupere la inversión realizada ante la falta de entrega del bien inmueble. La notificación oficial ya ha sido remitida a la tesorería del Congreso para que se efectivice la deducción correspondiente de la dieta legislativa.
Implicancias políticas para la referente de La Libertad Avanza
El caso genera un ruido político considerable en Río Negro, donde Villaverde se desempeña como la principal armadora política del partido liderado por Javier Milei. Aunque el conflicto pertenece a su esfera privada y empresarial, la afectación de sus ingresos públicos coloca el tema en la agenda mediática nacional.
Expertos legales señalan que este tipo de ejecuciones son frecuentes cuando no hay bienes suficientes a nombre de las sociedades comerciales, derivando la responsabilidad hacia los titulares de las mismas. En este escenario, la diputada deberá afrontar la deuda para levantar la restricción sobre sus haberes mensuales.