Batalla por el Átomo: Senadora Silvina García Larraburu presenta proyecto para blindar el Sistema Nuclear Argentino
Una iniciativa frente al avance de la privatización
En un movimiento clave para defender la soberanía energética del país, la senadora nacional por Río Negro, Silvina García Larraburu (Unidad Ciudadana), presentó este viernes 19 de septiembre de 2025 un proyecto de ley que declara al sistema nuclear argentino como «bien estratégico, inalienable e inembargable de la Nación y patrimonio del pueblo argentino». La propuesta surge como respuesta directa al anuncio del Gobierno nacional de avanzar en la privatización parcial de Nucleoeléctrica Argentina S.A. (NA-SA), la empresa estatal que opera las centrales nucleares Atucha I, Atucha II y Embalse. Esta iniciativa busca prohibir cualquier forma de privatización, concesión o extranjerización de los organismos clave del sector, en un contexto de tensiones políticas y económicas bajo la administración de Javier Milei.
El Anuncio Gubernamental: Venta del 44% de Acciones
El Gobierno, a través del Ministerio de Economía y la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, confirmó la semana pasada el inicio del proceso de privatización parcial de NA-SA, enmarcado en la Ley Bases (N° 27.742). El plan consiste en la venta del 44% de las acciones en un bloque único, mediante una licitación pública nacional e internacional, con el objetivo de «promover la inversión privada» y financiar proyectos estratégicos del plan nuclear argentino. A pesar de que NA-SA es una de las pocas empresas estatales superavitarias –con un resultado financiero positivo de $17.234 millones en el primer trimestre de 2025 y $103.267 millones en el semestre–, el Ejecutivo argumenta que esta medida representa «el fin del Estado empresario» y busca atraer capitales externos para modernizar el sector. Críticos, como García Larraburu, ven en esto un riesgo para la autonomía tecnológica del país.
Críticas al Plan: «Desmantelar un Sector Estratégico»
García Larraburu fue contundente en su rechazo: «Se trata de una decisión política que no encuentra justificación técnica ni financiera. NA-SA es una compañía superavitaria, eficiente y con capacidad probada de llevar adelante proyectos de altísima complejidad tecnológica. Privatizarla significaría desmantelar un sector estratégico, hipotecar la soberanía energética y subordinar el futuro de la Nación a intereses de corto plazo». El proyecto de ley extiende la protección a entidades como la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA), la Autoridad Regulatoria Nuclear (ARN), Dioxitek S.A., la Planta de Agua Pesada y la Planta de Enriquecimiento de Uranio, prohibiendo explícitamente cualquier transferencia de control.
La senadora enfatizó el valor integral del sector: «La energía nuclear representa cerca del 7% de la generación eléctrica nacional, aporta energía limpia, segura y estable, y sostiene empleos altamente calificados, industria nacional y aplicaciones médicas de gran valor social. No es un negocio, es un patrimonio colectivo construido por generaciones de argentinos y argentinas». Esta postura resuena en un debate más amplio sobre las privatizaciones impulsadas por el Gobierno, que incluyen otras empresas como AYSA y ENARSA, y ha generado alertas de gobernadores patagónicos y opositores.
Implicancias Políticas y Económicas
El anuncio de la privatización de NA-SA, presidida por Demian Reidel, se da en medio de un proceso licitatorio que incluye participación de empleados, pero genera preocupación por la posible entrada de inversores extranjeros en un rubro sensible. García Larraburu, conocida por sus intervenciones contra recortes en tecnología y agro (como su proyecto para derogar el Decreto 462/2025 que afecta al INTA y el INTI), posiciona esta iniciativa como parte de una resistencia federal al ajuste. Si prospera, el proyecto podría frenar no solo esta venta, sino sentar un precedente para otros sectores estratégicos.
En un país dependiente de la energía nuclear para su matriz limpia, esta batalla legislativa podría definir el equilibrio entre apertura económica y preservación de la soberanía. El Senado, con mayoría opositora en algunos bloques, será el escenario clave para su debate, en un año electoral cargado de tensiones.