Una jueza federal de Río Grande ordenó suspender el avance del proyecto Sea Lion, el desarrollo petrolero que dos compañías extranjeras impulsan al norte de las Islas Malvinas. Se trata de una medida cautelar: no resuelve el fondo del caso, pero congela los trabajos.
La resolución lleva la firma de Mariel Borruto y se conoció el 16 de septiembre. Alcanza a la británica Rockhopper Exploration y a la israelí Navitas Petroleum Development and Production Limited.
Qué ordena la cautelar sobre el proyecto Sea Lion
Las empresas deben abstenerse de realizar cualquier trabajo material del emprendimiento. La lista incluye perforaciones, instalaciones submarinas, tendido de ductos, unidades flotantes de producción y almacenamiento y obras portuarias.
Además, tienen diez días hábiles judiciales para entregar una declaración jurada. Allí deberán detallar el estado de las obras, el cronograma, los pozos, los contratistas y la estructura societaria.
También tendrán que informar quién aporta el financiamiento, qué aseguradoras y reaseguradoras las cubren y qué estudios ambientales y planes de contingencia existen. Por ahora, la magistrada postergó posibles restricciones sobre esos terceros.
El argumento central es ambiental. Borruto aplicó la Ley General del Ambiente y la Ley 26.659 de hidrocarburos. Para la jueza, fue decisivo que no exista ninguna evaluación de impacto iniciada ante autoridades argentinas.
Quiénes llevaron el caso a la Justicia
La demanda la presentaron el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) y la Asociación Civil de Abogados y Profesionales Ambientalistas (AAdeAA). Luego, el Municipio de Río Grande se sumó como parte interesada.
El intendente Martín Pérez celebró la resolución. La calificó como «una decisión importante en defensa de la Causa Malvinas, del ambiente y de nuestros recursos naturales».
Días antes, el jefe comunal había anunciado la presentación. Entonces sostuvo que su ciudad no puede quedar al margen de lo que ocurre con los recursos del Atlántico Sur.
Un emprendimiento de gran escala
Sea Lion se ubica unos 220 kilómetros al norte del archipiélago. El esquema prevé 23 pozos: 16 de producción, 6 de inyección de agua y uno de inyección de gas. Según las operadoras, el primer petróleo llegaría en 2028.
La propia jueza admitió que el cumplimiento depende de la cooperación internacional y de la conducta de las compañías. Por su parte, el Reino Unido respondió que la ley argentina no rige en las islas. Desde la Casa Rosada, en tanto, Javier Milei anunció medidas contra las petroleras que operan sin autorización nacional.
Un nuevo frente para la política fueguina
El caso coloca a Río Grande en el centro de la disputa por los recursos del Atlántico Sur. Así, también suma un tema de peso para el peronismo fueguino, que ya discute su perfil hacia 2027, como se contó en esta nota de La Política Río Negro.
La posición oficial argentina sobre Malvinas puede consultarse en el sitio de la Cancillería. La cobertura de la política patagónica sigue en La Política Río Negro.