¿Quién es quién en el acuerdo del millón de dólares? El entramado político-judicial del poder en el #NavtourGate. Los abogados del poder en Bariloche.
Walter Cortés, intendente de San Carlos de Bariloche y un grupo de abogados/operadores políticos y el intento de pagar un acuerdo por casi un millón de dólares dólares a favor de la empresa Navtour SA, expone la frontera difusa entre lo público y lo privado.
La postal de una gestión con matices discutibles.
San Carlos de Bariloche, ese ícono de lagos y montañas donde el turismo internacional paga en dólares, hoy es también el escenario de una operatoria que huele a lawfare inverso: no es la Justicia la que persigue al poder, sino el poder el que coloniza la Justicia. El acuerdo por 900.000 dólares más 90.000 dolares para Luciano Stella que el municipio firmó con Navtour SA —empresa mendocina dueña de una estación de servicio en Bustillo— no es solo un caso de presunta corrupción. Es el manual de un sistema donde abogados con doble chaqueta, funcionarios obedientes y un intendente con historial judicial tejieron una red que vacía las arcas del Estado en plena crisis.
Walter Cortés- Intendente, secretario general del sindicato de comercio y… ¿Operador judicial?
Con una condena por fraude al Estado que la Corte Suprema borró por «plazo razonable» (un eufemismo para la impunidad), Cortés aprendió en la cárcel (en donde estuvo alojado por más de un año) que los litigios son más útiles en los pasillos que en los tribunales. Su movimiento maestro: colocar a sus abogados de confianza en órganos y empresas claves: en la CEB, en el Tribunal de Contralor, el órgano que debió fiscalizar el acuerdo con Navtour, entre otros.
Damián Vila, es abogado y socio de Martín “Mike Dominguez” (Agogado del sindicato de comercio que dirige Cortés y también abogado personal del Intendente).
Ingresó al Contralor por la boleta de Juntos Río Negro de la mano del diputado Agustín Domingo, hoy socio político y operador del Intendente Cortés, a tal punto que la Secretaria de Hacienda municipal llega de su mano.
Mike Domínguez es abogado del Sindicato de Comercio y de Walter Cortés. Integró el Consejo Directivo de la CEB. Fue parte activa de la transición de gobierno entre El ExIntendente Gennuso y la gestión actual. Muchos mensajes dan cuenta de ello.
Es socio en el estudio jurídico y también oficia las veces de vocero de la gestión Cortés.
Estanislao Cazaux es abogado y Presidente del Tribunal de Contralor. Aunque militó en el peronismo a tal punto de haber sido abogado del Partido Justicialista en Río Negro, fue electo por Juntos por el Cambio. Su cercanía a Cortés es innegable. Posee un vínculo histórico, familiar y político con los hermanos Soria, Martí diputado de la Nación, y Emilia -intendenta de General Roca.-
Luciano Stella, es abogado y fue a quien -por su relación de amistad con Vila y Dominguez, fue derivada la gestión del reclamo judicial de Navtour SA. Es hijo de un conocido abogado radical de Bariloche, y se ve beneficiado con el cobro de 90.000 dolares sin haber iniciado el juicio contra la Municipalidad de Bariloche.
Slavko Jankovic es abogado, fue socio de Dominguez y Vila. Fue designado asesor del Tribunal de Contralor luego que se declara desierto el concurso para designar abogado producto de su cercanía personal de Vila, Cazaux y Dominguez. Si bien es obligatorio que Transacciones tenga dictamenes jurídicos en los acuerdos, no se habría pronunciado respecto del mismo.
Entre amigos y socios, cocinaron y ratificaron en el marco de la Comisión de Transacciones (donde históricamente se acuerdan convenio que tienen SENTENCIAS JUDICIALES dictadas) un acuerdo que sin que medie juicio previo, un acuerdo en favor de Navtour por un supuesto daño en su favor, cuando siquiera tenía autorización para expender combustibles para la estación de servicio.
La concejala opositora Julieta Wallace lo dijo sin rodeos
«Todo se hizo a puertas cerradas, sin documentos ni liquidaciones. Es el Estado financiando a sus amigos».
Bariloche: ¿Espejo de una Argentina con una institucionalidad frágil?
Este caso no es una anomalía: es el síntoma de un sistema donde los poderes se mezclan, los abogados son operadores y la transparencia es un discurso vacío. Cortés, con su pasado sindical y su presente político, encarna una lógica perversa: la misma que usa la pobreza como excusa para el clientelismo y la riqueza pública como botín privado.
Mientras Bariloche debate si demandará la nulidad del acuerdo, una certeza persiste: en la región patagónica, como en el resto del país, la justicia sigue siendo un privilegio, no un derecho. Y los únicos que ganan son los que escriben las reglas del juego —y luego las rompen—.
«Todo se hizo a puertas cerradas, sin documentos ni liquidaciones. Es el Estado financiando a sus amigos».