La causa Techo Digno en Bariloche, un caso emblemático de presunta corrupción en la gestión de fondos para viviendas sociales, ha tomado un giro político con las recientes declaraciones del exintendente Gustavo Gennuso, quien acusó al gobierno provincial de Río Negro de utilizar el proceso judicial como herramienta para “coaccionar” a dirigentes políticos.
Este expediente, que involucra a dos exintendentes de la ciudad, María Eugenia Martini (2013-2015) y el propio Gennuso (2015-2023), refleja no solo irregularidades administrativas, sino también una compleja trama política que pone en cuestión la imparcialidad del sistema judicial en la provincia.
Los expedientes y sus protagonistas
La causa Techo Digno, originada durante el gobierno de Mauricio Macri por irregularidades en los pagos de obras de vivienda, se desdobló en Bariloche en dos expedientes que involucran a Martini y Gennuso. Ambos enfrentan cargos graves: Martini está acusada de fraude en perjuicio de la administración pública, administración fraudulenta y peculado por irregularidades en certificaciones de obra, mientras que a Gennuso se lo imputa por peculado, relacionado con el desvío de fondos destinados a viviendas hacia plazos fijos municipales.
A pesar de que ambos casos están en una etapa similar —tras la audiencia de control de acusación—, los tiempos judiciales difieren notablemente. Gennuso, incorporado más recientemente al expediente, ya tiene fecha de juicio oral y público del 27 al 31 de octubre de 2025, justo después de las elecciones nacionales. En cambio, el caso de Martini, que lleva seis años en trámite, aún no tiene fecha de juicio, con estimaciones que apuntan a marzo de 2026 debido a la dificultad de coordinar un tribunal de tres jueces en Bariloche para un caso de gran volumen.
Las acusaciones de Gennuso
El exintendente Gennuso, figura clave del partido Juntos Somos Río Negro (JSRN) y secretario general de la agrupación, rompió el silencio en una entrevista con Radio Seis, donde calificó la causa como una maniobra política orquestada por el gobierno provincial liderado por Alberto Weretilneck. Según Gennuso, el Ejecutivo habría instruido al procurador general, Jorge Crespo, para perseguir judicialmente a intendentes y exintendentes con el fin de limitar su accionar político. “Esa causa el gobierno provincial la ha usado para coaccionar a todos los intendentes”, afirmó, sugiriendo que las imputaciones buscan neutralizar a posibles competidores políticos.
Gennuso defendió su gestión, argumentando que el desvío de fondos a plazos fijos no constituyó un delito, sino una medida para proteger los recursos municipales, generando intereses a favor de la comuna. “El fiscal dijo ‘estoy seguro de que nadie se llevó nada a su casa’, porque estaba todo en cuentas municipales”