El Municipio de San Carlos de Bariloche, bajo la gestión del intendente Walter Cortés, ha dado un paso crucial en la búsqueda de transparencia y legalidad en la administración pública.
A través de la Resolución 249/25, el gobierno municipal ha decidido llevar a la Justicia los contratos firmados con la empresa OPS SACI por el alquiler de maquinaria, con el objetivo de declarar su nulidad debido a graves irregularidades detectada.
Contratos cuestionados y denuncia de irregularidades
Los contratos en cuestión fueron celebrados durante la gestión del exintendente Gustavo Gennuso y están relacionados con el alquiler de maquinaria sin chofer. Según la actual administración, estos acuerdos presentan vicios de legitimidad y carecen de justificación adecuada. Un informe del Tribunal de Contralor y un dictamen de la Asesoría Letrada del Municipio respaldan esta postura, señalando que los contratos incumplen normas municipales y vulneran la Ley de Concursos y Quiebras.
Entre las irregularidades detectadas se encuentran:
- Falta de justificación para la contratación directa con OPS.
- Ausencia de análisis comparativo de precios.
- Repetición de contratos con la misma empresa sin respaldo administrativo ni control de costos.
El reclamo millonario de OPS SACI
Mientras el Municipio busca anular los contratos, la empresa OPS SACI ha iniciado un reclamo administrativo exigiendo el pago de 15.386.916,34 dólares. La empresa alega que se le adeuda el alquiler de maquinaria desde febrero de 2019 hasta octubre de 2022, además de costos adicionales por equipos recibidos en mal estado y cánones locativos por maquinaria inutilizable.
Sin embargo, la administración de Cortés sostiene que estos reclamos carecen de fundamento, ya que los contratos fueron realizados bajo procedimientos irregulares. La Resolución 249/25 declara que la contratación con OPS fue lesiva al interés público y ordena iniciar acciones judiciales para anular los acuerdos.
Hacia la judicialización del caso
Con la firma de la resolución, el Municipio de Bariloche avanza hacia la judicialización del caso. El objetivo es que la Justicia declare la nulidad de los actos administrativos que permitieron la contratación con OPS, ya que estos adquirieron estabilidad y no pueden ser revocados por vía administrativa.
El Tribunal de Contralor ya había recomendado esta medida, destacando la importancia de proteger las arcas municipales. El desenlace de este caso será determinante para el futuro financiero de Bariloche, ya que la cifra reclamada por OPS representa un monto millonario que podría afectar gravemente los recursos de la ciudad.
¿Qué sigue en el caso OPS?
Ahora, la Justicia deberá evaluar si los contratos con OPS fueron efectivamente irregulares y si corresponde su nulidad definitiva. Este caso no solo tiene implicaciones económicas, sino que también marca un precedente en la lucha contra la corrupción y la opacidad en la administración pública.
La gestión de Walter Cortés reafirma su compromiso con la transparencia y el cumplimiento de las normas, buscando garantizar que los recursos de Bariloche sean utilizados de manera eficiente y legal.