El aumento tarifario de EDERSA del 13% en el Valor Agregado de Distribución (VAD) encendió la polémica en Río Negro. La empresa justifica el ajuste por inflación, costos operativos y reparaciones postemergencias. Sin embargo, usuarios, cámaras empresariales y políticos rechazan el impacto del 18.7% en las facturas residenciales.
EDERSA sostiene que los precios de postes y cables subieron hasta un 180% en 2024. El costo de abastecimiento energético, que representa el 44% de la factura, aumentó un 371% desde 2023. La distribuidora atribuye el pedido a inversiones de $7.300 millones en reparaciones tras incendios en El Bolsón y tormentas en el Alto Valle.
Solo el 28% de la factura corresponde al VAD, su ingreso operativo. El 72% restante depende de impuestos nacionales y costos regulados por el Mercado Mayorista. La empresa insiste en que sin el ajuste, enfrentaría riesgos de colapso técnico en una provincia con alta dispersión geográfica.
La Federación de Entidades Empresarias (FEERN) calificó el aumento como “abusivo”, al superar la inflación mensual. En febrero de 2025, el VAD habría subido un 19%, contra un 5% de inflación. Cámaras agrícolas advirtieron que los incrementos acumulados desde 2023 son “insostenibles” para pymes y productores.
La Defensoría del Pueblo reveló que las tarifas residenciales ya subieron un 76% desde 2023, frente a una inflación del 67-70%. En zonas sin gas natural, usuarios temen no poder pagar la calefacción eléctrica. Magdalena Odarda, legisladora de Vamos con Todos, tildó el ajuste de “impagable” y acusó a EDERSA de transferir sus riesgos empresariales a la ciudadanía.
El gobernador Alberto Weretilneck anticipó que no avalaría el incremento solicitado. Su postura refleja la presión social en un contexto donde el 28% de los hogares sufre pobreza energética. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) analizará la viabilidad del aumento, bajo críticas por falta de transparencia en los costos de EDERSA.
Organizaciones sociales exigen reforzar subsidios para 10.000 usuarios que perdieron ayudas nacionales, lo que elevó sus facturas un 50%. La FEERN amenaza con acciones legales si no se auditan las inversiones de la distribuidora. Mientras, el gobierno provincial busca equilibrar la sostenibilidad de EDERSA con el descontento popular.
El debate mediático destaca la tensión entre inflación y acceso a servicios básicos. En redes sociales, usuarios denuncian el efecto acumulativo de aumentos en energía, transporte y alimentos. EDERSA defiende su gestión, pero la desconfianza crece: el 72% de los rionegrinos cuestiona su estructura tarifaria.
El aumento tarifario de EDERSA simboliza un conflicto estructural en Argentina: tarifas justas versus sostenibilidad empresarial. El EPRE podría aprobar un incremento escalonado o parcial, aunque organizaciones insisten en reestructurar el modelo actual. La resolución marcará un precedente para futuras negociaciones en servicios públicos.
Expertos advierten que sin subsidios diferenciados, la pobreza energética escalará. El 18.7% de aumento residencial profundizaría desigualdades en invierno, donde familias dependen de la electricidad para calefacción. Mientras, EDERSA alega que sin ajustes, no puede garantizar suministro estable.
El aumento tarifario de EDERSA sigue en la mira. Con alta inflación y polarización política, Río Negro enfrenta un dilema: salvar a la empresa o proteger a la población. La sociedad exige transparencia, pero la distribuidora insiste en urgencias técnicas. El EPRE en la figura de la defensora del pueblo, Adriana Santagati, tiene la última palabra.