Defensoría del pueblo: Un organismo sin rumbo sin un responsable político, con personal de planta desorientado y sin varios contratados políticos que ya no están.
El pasado 4 de junio venció el mandato de la ex defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, y la transición hacia un nuevo titular no ha sido más que un reflejo de desidia política. Con un mes de anticipación, los concejales debieron haber iniciado el proceso para designar a su sucesor o sucesora, garantizando continuidad en el organismo municipal.
Mezquindades políticas
La elección del próximo titular requiere el acuerdo de dos tercios del Concejo Deliberante, es decir, 8 de los 11 ediles. No obstante, las mezquindades políticas y la falta de consensos han estancado el proceso. De los 21 candidatos iniciales, solo 11 permanecen en carrera, tras la deserción de una decena. Los postulantes, diversos en trayectorias, géneros, visiones y filiaciones políticas, no logran seducir a los concejales, quienes priorizan diferencias entre bloques por sobre la institucionalidad.
Un intento por destrabar el conflicto
El próximo viernes, los presidentes de los bloques del Deliberante se reunirán nuevamente, esta vez para intentar un sistema de terna que facilite el esquivo acuerdo. Pero los obstáculos no terminan allí. El contrato de alquiler de la oficina donde opera la Defensoría vence el 31 de julio, generando incertidumbre entre los empleados municipales. Estos trabajadores perciben una falta de valoración del organismo por parte del Concejo, que, por su lado, minimiza la gravedad del asunto, asegurando que el tema del alquiler se resolverá rápidamente con su potestad legislativa.
Un proceso estancado
La situación refleja las inconsistencias de un proceso frustrado. La Defensoría no puede prorrogarse ni intervenir, y las opciones de los ediles son limitadas. Hay un candidato que lidera las preferencias, pero no alcanza los ocho votos necesarios. Otros no suman ni tres voluntades, un bloque abandonó su apoyo a una candidatura, y una postulante enfrenta reparos por su vínculo conyugal con el gremio municipal. Otro bloque, además, se mantiene inflexible en su postura inicial.
Un problema recurrente
Así, la Defensoría del Pueblo se ha convertido en un nuevo dolor de cabeza para los legisladores barilochenses, un problema que, como hace cuatro años, pone en evidencia la dificultad de priorizar el bien común por encima de las disputas políticas.