Crisis en la designación del Defensor del Pueblo. Mañana, 4 de junio , vence el mandato de Analía Woloszcuk como Defensora del Pueblo de San Carlos de Bariloche, y la ciudad enfrenta una situación de incertidumbre política y administrativa.
Woloszcuk, cuya gestión ha sido calificada como discreta y marcada por la polémica desde su designación en 2021, no se postuló para renovar su cargo. La ausencia de consenso en el Concejo Deliberante para elegir a su sucesor deja a la Defensoría del Pueblo nuevamente acéfala, un escenario que recuerda la situación de hace cuatro años.
Este impasse no solo pone en evidencia las tensiones políticas locales, sino también la dificultad de alcanzar acuerdos en un cuerpo legislativo fragmentado, donde los intereses partidarios parecen primar sobre las necesidades de la ciudadanía.
Una gestión bajo la lupa
La trayectoria de Analía Woloszcuk como Defensora del Pueblo ha estado envuelta en controversia desde el inicio. En 2021, su designación generó críticas debido a que, aunque cumplía con el requisito legal de tres años de residencia en Bariloche según su DNI, se comprobó que había pasado al menos un año fuera del país entre 2018 y 2019. Esta irregularidad desató semanas de debate, marcando el tono de una gestión que muchos consideran poco destacada. Woloszcuk, abogada oriunda de Buenos Aires y radicada en Bariloche desde 2000, asumió el cargo con el mandato de su antecesora ya vencido, enfrentando cuestionamientos sobre su legitimidad y conexión con las problemáticas locales. Su decisión de no postularse nuevamente refleja, para algunos, una aceptación tácita de las críticas a su desempeño.
Durante su mandato, Woloszcuk participó en iniciativas como la defensa de derechos humanos, la visibilización de comunidades vulnerables y el acompañamiento a proyectos de participación ciudadana, como el programa “Concejal por un día”. Sin embargo, su gestión no logró consolidar el peso institucional que la Defensoría del Pueblo debería tener en una ciudad como Bariloche, marcada por desafíos sociales, ambientales y económicos. La falta de impacto visible y las críticas iniciales por su residencia contribuyeron a una percepción de opacidad en su labor.
El Concejo Deliberante: un rompecabezas político
La designación del próximo Defensor del Pueblo requiere el voto de al menos ocho concejales, es decir, dos tercios del Concejo Deliberante, un organismo caracterizado por su heterogeneidad y falta de consensos. De los 21 candidatos iniciales que se postularon tras la apertura del registro en febrero de 2025, solo 11 permanecen en carrera tras la audiencia pública del 4 de abril. Entre ellos, Juan Mandagarán, abogado y ex titular de ANSES Bariloche, parecía perfilarse como favorito, con rumores de un posible apoyo incluso de la banca del PRO, influenciada por negociaciones con sectores de La Cámpora. Sin embargo, las tratativas colapsaron en el último momento, dejando el proceso estancado.
La fragmentación política del Concejo, donde ningún bloque cuenta con una mayoría dominante, complica aún más la situación. Juntos Somos Río Negro (JSRN), con cinco votos, no logra imponerse frente a una oposición dispersa que incluye al Frente de Todos, Podemos Bariloche, PUL y otros bloques unipersonales. Las negociaciones, marcadas por intereses partidarios y antecedentes de designaciones discrecionales, han derivado en un bloqueo total. Los concejales, consultados sobre el tema, coinciden en que “la negociación está trabada y no hay consenso”, evidenciando una parálisis que deja a la Defensoría sin liderazgo a partir de mañana.
Los candidatos y sus propuestas
La audiencia pública de abril permitió conocer las propuestas de los 11 candidatos que siguen en carrera. Entre ellos destacan perfiles como Dahiana Marilyn Vargas de la Fuente, quien propuso una “Defensoría en red” para articular con organizaciones sociales; Lihue Bariggi Amara, con un enfoque en resolución de conflictos micro y macro; y Jorgelina Vanesa Ojeda, enfocada en infancias y adolescencias. Mandagarán, por su parte, apostó por una Defensoría más territorial y articulada, respaldado por su experiencia institucional. Sin embargo, la falta de acuerdo político impide que alguno de estos proyectos se materialice en una designación.
Un déjà vu político
La situación actual no es nueva. En 2021, el Concejo Deliberante también enfrentó dificultades para designar al Defensor del Pueblo, dejando la institución acéfala por un período. La repetición de este escenario pone en cuestión la capacidad del cuerpo legislativo para priorizar el interés público sobre las disputas partidarias. La Defensoría del Pueblo, concebida como un puente entre la ciudadanía y las instituciones, pierde relevancia en medio de esta crisis, afectando su rol como garante de derechos en una ciudad con problemáticas urgentes como el acceso a la vivienda, la protección ambiental y la inclusión social.
El costo de la inacción
La falta de un Defensor del Pueblo operativo tiene consecuencias directas para los barilochenses. Sin una figura que medie en conflictos entre ciudadanos y el Estado, se debilitan los canales de resolución de reclamos, desde problemas con servicios públicos hasta violaciones de derechos fundamentales. La indefinición del Concejo Deliberante, que no ha convocado a una sesión extraordinaria para resolver el asunto, prolonga esta vacancia y refuerza la percepción de una clase política desconectada de las necesidades ciudadanas.
Mientras los concejales negocian en un contexto de desconfianza mutua, la ciudadanía espera una solución que devuelva a la Defensoría su rol protagónico. La designación del próximo Defensor no solo requiere un acuerdo político, sino también un compromiso con la transparencia y la participación ciudadana. Hasta que eso ocurra, Bariloche seguirá sin una voz institucional que defienda los derechos de sus habitantes, en un momento donde la unidad y la acción son más necesarias que nunca.