La concesión del transporte urbano en Bariloche podría renovarse sin licitación. El intendente Walter Cortés analiza extender el contrato de Mi Bus, propiedad de Pedro Ponte.
La concesión del transporte urbano en Bariloche se encuentra en el centro de un escándalo político y empresarial. El intendente Walter Cortés evalúa extender el contrato de Mi Bus sin llamado a licitación, beneficiando directamente al empresario Pedro Ponte. Mientras tanto, los usuarios sufren un servicio deficiente y caro.
Quién es Pedro Ponte, el empresario beneficiado
Detrás de Mi Bus se encuentra Pedro Ponte, un empresario con amplios vínculos políticos y económicos. Originario de San Juan, Ponte llegó a Bariloche en 2016 y rápidamente se hizo con el control del transporte urbano. Su empresa, Amancay SRL, perteneciente al Grupo Semisa, también opera en Villa La Angostura.
La ordenanza 502: el instrumento legal de la polémica
Este controvertido mecanismo legal permite renovar concesiones sin licitación pública. Fue creada supuestamente para agilizar procesos administrativos, pero en la práctica ha servido para beneficiar a grupos empresarios cercanos al poder. Recientemente se utilizó para extender por décadas la concesión del cerro Catedral.
El rol cuestionable del sindicato UTA
La Unión Tranviarios Automotor (UTA) local ha salido en defensa de la renovación automática. Su argumento principal es la protección de puestos de trabajo, pero muchos ven en esta postura un claro alineamiento con los intereses empresariales de Ponte antes que con los derechos de los trabajadores.
Los números que no cierran
Mientras el servicio se deteriora día a día, los subsidios municipales no dejan de crecer. Solo en el primer trimestre de 2025, la municipalidad destinó 520 millones a Mi Bus, con una proyección anual que superaría los $ 2.300 millones.
Estos fondos se entregan “sin la debida transparencia ni controles”. El impacto en los usuarios Los habitantes de Bariloche son los principales perjudicados en este conflicto. Pagan uno de los pasajes más caros del país por un servicio que no cumple con los estándares mínimos de calidad. La flota de colectivos opera muy por debajo de lo contratado, con apenas 80 unidades circulando de las 135 comprometidas.
Una decisión que marcará el futuro El Concejo Deliberante tiene ahora la palabra. La derogación de la ordenanza 502 podría poner fin a estos negociados, pero enfrenta una fuerte resistencia de los sectores beneficiados. Mientras tanto, la concesión del transporte urbano sigue siendo el centro de un conflicto que evidencia las peores prácticas de la política local.