La vida de lujo de los abogados del poder de San Carlos de Bariloche
Damian Vila, Luciano Stella y Mike Domínguez no sólo son colegas y amigos, sino que comparten la pasión por la navegación lacustre.
Adquisiciones náuticas de los involucrados
Vila es quien probablemente asesoró a sus socios en la compra de una embarcación ya que hace tiempo es propietario de una poderosa lancha Canestrari.
Según surge de la web de la empresa náutica, desde enero de este año Dominguez y Stella son flamante propietarios de lujosas lanchas Canestrari Sport Cruiser 275 cuyo costo oscila entre 65.000 y 75.000 dólares cada una, y que adquirieron en una conocida tienda del rubro de San Carlos de Bariloche.
Una sociedad rentable
Como reveló LPRN hace algunas semanas, en Bariloche se ha denunciado una red de operaciones entre funcionarios públicos, estudios jurídicos y empresas para gestionar pagos millonarios sin transparencia ni procesos legales formales.
El núcleo del sistema: Vila, Domínguez y el CIMARC
El eje de este sistema es el estudio jurídico de Damián Vila, vocal del Tribunal de Cuentas, y Mike Domínguez, abogado y vocero del intendente Walter Cortés, quienes utilizan el Centro Integral de Mediación y Arbitraje de Río Negro (CIMARC) para validar acuerdos extrajudiciales.
Casos emblemáticos: PowerLink SRL y Navtour SA
Dos casos destacan este mecanismo: el de PowerLink SRL, donde el municipio pagó 350.000 dólares tras rescindir un contrato portuario sin juicio previo, y el de Navtour SA, que culminó con un pago de 900.000 dólares en 2024 sin justificación técnica.
La aprobación de la Comisión de Transacciones
Ambos acuerdos fueron aprobados por la Comisión de Transacciones, integrada por el intendente Cortés y aliados políticos, evadiendo auditorías y análisis contables.
Conflictos de interés y uso estratégico del CIMARC
La opacidad se sustenta en conflictos de interés: abogados como Domínguez y Luciano Stella, vinculados al Partido Unión y Libertad (PUL), representan simultáneamente al municipio y a empresas demandantes, anulando la imparcialidad de los procesos. Además, el CIMARC, creado para agilizar disputas, opera como herramienta para evitar jueces y documentación pública. ¿Con la nuestra?
Falta de consecuencias y privilegios
A pesar de que la justicia señaló arbitrariedades en las decisiones municipales, ningún funcionario enfrentó sanciones, ni se auditaron los pagos. Los honorarios a abogados cercanos al poder, como los 1,2 millones de pesos para Stella, reflejan un modelo donde el Estado prioriza acuerdos discretos sobre el interés público.
Consecuencias institucionales
Este entramado, respaldado por organismos de control cómplices, consolida un sistema de opacidad institucional que erosiona la confianza ciudadana. ¿Con la nuestra?