Acceso a costas y espacios públicos en Río Negro. En los últimos años, el acceso a las costas y espacios públicos en la Provincia de Río Negro ha generado debates entre el Estado, privados, comunidades originarias y vecinos. Mientras la ley garantiza el libre tránsito por playas y riberas, en la práctica existen restricciones que han derivado en conflictos judiciales, reclamos territoriales y tensiones sociales.
El marco legal y las contradicciones en su aplicación
Según el Código Civil argentino, las costas de ríos, lagos y el mar son bienes públicos de libre acceso. En Río Negro, la Ley Provincial N° 4.039 refuerza este principio, pero también permite a los municipios regular el uso por cuestiones ambientales o de ordenamiento territorial. Sin embargo, en muchas zonas, como El Cóndor, Viedma y sectores del Alto Valle, se han registrado casos de cercamientos que limitan el paso, generando denuncias por privatización de espacios que, por ley, deberían ser de todos.
Los casos más polémicos
Uno de los puntos críticos es el balneario El Cóndor, cerca de Viedma, donde algunos barrios privados y emprendimientos inmobiliarios han restringido el ingreso a la costa, argumentando razones de seguridad y preservación. Vecinos y organizaciones como «Costas Libres Río Negro» han presentado reclamos, exigiendo que se garantice el derecho al libre acceso. Acceso a costas y espacios públicos en Río Negro.
En Las Grutas, principal destino turístico de la provincia, el acceso a las playas es público, pero durante la temporada alta se implementan controles para evitar sobreocupación y daños ambientales. Algunos visitantes han cuestionado estas medidas, aunque las autoridades sostienen que son necesarias para proteger el ecosistema.
En la zona del Alto Valle, especialmente en General Roca y Choele Choel, propietarios de campos ribereños han instalado alambrados que impiden el paso al río Negro. Organizaciones ambientales han llevado estos casos a la Justicia, logrando en algunos fallos a favor de la apertura de los caminos costeros.
El reclamo de las comunidades mapuches
Otro factor que complejiza el tema son los reclamos territoriales de comunidades mapuches, principalmente en la Línea Sur y Bariloche. Varias agrupaciones indígenas han cerrado accesos a lagos y ríos, sosteniendo que se trata de tierras ancestrales. El gobierno provincial ha intervenido en algunos casos, buscando mediar entre el derecho al acceso público y los derechos históricos de los pueblos originarios.
Las posturas en conflicto
Desde el Estado, se promueve una política de equilibrio entre protección ambiental y acceso público. La Secretaría de Ambiente ha impulsado operativos para detectar cercamientos ilegales, mientras que algunos municipios aplican restricciones temporales en áreas sensibles.
Por otro lado, desarrolladores inmobiliarios y algunos propietarios argumentan que las limitaciones son necesarias para evitar daños ecológicos y vandalismo. No obstante, organizaciones civiles acusan que, en muchos casos, se trata de intentos de apropiación indebida de tierras públicas. Acceso a costas y espacios públicos en Río Negro.
Mientras tanto, las comunidades mapuches exigen que se respeten sus derechos sobre territorios que consideran propios, basándose en leyes nacionales que protegen sus reclamos.
Impacto en el turismo y la vida cotidiana
Las restricciones al acceso costero no solo afectan a los residentes, sino también al turismo, actividad clave en localidades como Las Grutas, San Antonio Oeste y la región andina. El libre tránsito por playas y senderos es un atractivo fundamental para los visitantes, y cualquier limitación puede tener consecuencias económicas.
Vecinos de distintas localidades han manifestado su malestar ante la imposibilidad de llegar a espacios que tradicionalmente fueron públicos. «Es un derecho que nos están quitando», expresó un habitante de Viedma en una protesta reciente.
Hacia una solución integral
Expertos en derecho ambiental y urbanístico coinciden en que se necesita una regulación clara que armonice la preservación de los recursos naturales con el derecho al acceso público. También destacan la importancia de un diálogo más fluido con las comunidades originarias para evitar conflictos.
Mientras tanto, la Justicia sigue siendo el escenario donde se resuelven muchos de estos casos, con fallos que, hasta ahora, han sido dispares. Lo cierto es que el debate seguirá vigente, en una provincia donde la costa no solo es un recurso natural, sino también un espacio de disputa por intereses económicos, sociales y culturales.